El pedido del mandatario se da luego de la denuncia penal en su contra realizada por Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, un día antes, el 27 de enero. El secretario de Estado lo acusa de inconsistencias en sus declaraciones juradas. La denuncia fue presentada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
A pesar del pedido de Cartes, la Contraloría ya inició el estudio de sus DDJJ en octubre del año pasado. Esto luego de que una investigación periodística internacional revelara que el expresidente poseía “empresas de maletín” en Panamá, sin que lo hubiera anunciado a los organismos de control.
BENÍTEZ
Camilo Benítez, contralor general de la República, informó que las entidades financieras están entregando todos los documentos que han solicitado.
“Hace un año que estamos recabando los antecedentes. No tenemos ningún problema con este caso”, afirmó.
Benítez lamenta que el proyecto de ley que propuso para agilizar la entrega de documentos no prospera en el Congreso, ya que tienen el problema de que las entidades entregan datos en un plazo de seis meses. El alto funcionario público hacía alusión a Registros Públicos, Seprelad, la SET y otros más.
“En todos los casos, la entrega de la información suele tardar. El proyecto de ley que presenté consiste en que funcionarios de Contraloría cuenten con un código para el acceso directo a los documentos y así podamos hacer el examen en semanas y no en meses como duran hoy en día”, expresó.
El contralor informó que realizaron un total de 28 pedidos a instituciones públicas y privadas que puedan servir como insumos para hacer este trabajo.
“Nosotros podemos terminar el trabajo en dos semanas luego de tener toda la información que requerimos, pero tardan meses en entregarnos. Algunas veces incluso un año. Por eso no nos queremos aventurar a dar plazos de entrega del informe”, aclaró.
DETALLES
En la denuncia penal, Giuzzio resalta que Cartes en el 2013 poseía en efectivo la suma de G. 88 mil millones. Mientras que un año después, en el 2014, poseía G. 90 mil millones. Cuestionó que el expresidente debe tener motivos para que estas sumas no ingresen en el sistema financiero.
También denunció los préstamos millonarios que realiza a varias personas y entidades con pagarés que no registran fechas de devolución. Con esto, Giuzzio afirma que ello se puede prestar a un mecanismo de extorsión.
Entre las personas y entidades citadas por Giuzzio aparece el club Libertad, que hasta el 2018, poseía una deuda de US$ 6 millones con el expresidente. También la hermana del exmandatario, Sarah Cartes Jara, quien recibió US$ 50 millones. Esto último ocurrió en la misma época en que la empresaria adquiría el 90% de las acciones del banco Basa.
