Los concejales que resulten electos este domingo tendrán poder sobre el presupuesto, los tributos y la fiscalización del dinero que administrarán las próximas autoridades municipales.
La Constitución Nacional establece que la conducción de cada municipio corresponde a un intendente y una Junta Municipal, ambos electos por voto directo. La ciudadanía elige así a quienes administrarán la comuna y a quienes ejercerán sus funciones normativas y de control.
Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los comicios de este 4 de octubre renovarán autoridades en 263 distritos para el periodo 2026–2031. Las juntas tendrán 24 concejales titulares en Asunción, 12 en las capitales departamentales y municipios de los grupos primero y segundo, y nueve en los grupos tercero y cuarto.
Deciden sobre el presupuesto
La Ley Orgánica Municipal asigna a la Junta la aprobación anual del presupuesto y el control de su ejecución. También le corresponde autorizar la contratación de créditos y considerar la rendición de cuentas presentada por el intendente. Las decisiones sobre ingresos, gastos y endeudamiento pasan por los concejales, conforme a esas atribuciones.
La distribución de responsabilidades permite entender qué exigir a cada autoridad. El intendente prepara el proyecto presupuestario y ejecuta los recursos; la Junta lo trata y controla su cumplimiento. Esa división también figura en la información institucional sobre funciones municipales publicada por la Municipalidad de Villarrica.
Regulan los cobros municipales
Los concejales sancionan la ordenanza tributaria, que establece montos de impuestos, tasas, contribuciones especiales y multas dentro de los límites autorizados por la ley. Esa atribución conecta el voto municipal con los pagos que realizan vecinos y empresas.
La Constitución fija, además, una regla para las tasas por servicios efectivamente prestados: su monto no puede superar el costo de esos servicios. Las decisiones municipales sobre cobros deben respetar ese límite constitucional.
Pueden exigir explicaciones
La Junta puede solicitar, mediante resolución fundada, datos e informes sobre el funcionamiento de la municipalidad. Si el pedido no establece un plazo, la ley prevé 30 días para responder, con posibilidad de una prórroga. También puede autorizar servicios de auditoría cuando resulte necesario.
Estas herramientas permiten revisar cómo la administración utiliza los recursos. El control incluye el examen de las cuentas y los pedidos de información, atribuciones que el portal institucional de Villarrica detalla junto con las responsabilidades de la Intendencia.
Las mayorías marcarán las decisiones
La composición de la Junta importa porque sus decisiones se adoptan por votación. Salvo los casos que requieren una mayoría específica, la Ley Orgánica Municipal establece la mayoría simple de los miembros presentes, con el quórum legal correspondiente.
Con los resultados, el siguiente punto será observar cómo se distribuyen las bancas y qué acuerdos permiten aprobar las decisiones. El presupuesto, las ordenanzas tributarias y la rendición de cuentas serán asuntos concretos para evaluar el desempeño de los concejales durante el próximo mandato.
