El caso del exfiscal Javier Ibarra abrió varios interrogantes y a la vez, pone en zozobra a la sociedad. Analista en seguridad subraya que debe haber mayor control de parte de las instituciones del sector.
Hace unos días se daba a conocer el deceso del exfiscal y exviceministro de seguridad interna, Javier Ibarra. Hasta hoy día todavía no se tiene bien en claro el caso, ya que primeramente se habló de un infarto pero luego se dio a conocer que contaba con dos impactos de bala en la cabeza.
Recordemos que Ibarra había denunciado en enero del 2016 que integrantes del crimen organizado estaban siguiendo a sus hijos, por lo que adquirió armas para reforzar su seguridad. Esto es un claro ejemplo de quiénes controlan el país y que nadie está a salvo mientras no se identifique a los responsables.
En ese sentido, el analista en seguridad y doctor en criminología, Juan Martens, mencionó en los últimos años se observó un incremento en la actividad del crimen organizado que implica mayor penetración y cooptación institucional, es decir, de las instituciones del sector justicia y seguridad, como policías, militares y Ministerio de Público.
Hizo hincapié en que se debe a una contaminación de logística, de cadenas productivas, de productos legales como soja, carne y granos en general. Y en la medida en que se incrementa esa actividad, los criminales aumentan su poder. También sus intereses y por tanto, cualquier persona que represente un peligro o ponga en riesgo ese interés de una manera, puede ser eliminada.
DESLEALTAD
“En algunos casos estos funcionarios no responden a los intereses del crimen organizado con quienes ya se habían comprometido y eso también implicaría una lectura como deslealtad y por lo tanto reaccionaría cobrándole. En el caso de policías, tenemos varios que fueron ejecutados en los últimos años. Sus casos no fueron esclarecidos pero claramente estaban vinculados con alguna actividad o implicación con el crimen organizado”, indicó.
Según Martens, el crimen organizado avanzó sobre el poder del Estado y enfrentarlo implica una decisión política e integral de las instituciones del sector justicia y el Ejecutivo, de controlar quienes están en la lucha.
“Hasta el momento no se tiene un análisis de correspondencia de los bienes de policías, jueces y fiscales que están directamente involucrados en la persecución del crimen organizado y vemos que ostentan casas y automóviles que con sus salarios no podrían pagarse”, resaltó.
Por lo tanto, para combatir el mal, hay que hacer un plan, un abordaje integral que implique control de bienes, servicios de auditoría interna, control de las causas y cómo acaban, y a la vez también se debe estar controlando el fiel complimiento de los planos procesales, las chicanas, que muchas veces se presentan como realizados por abogados que en realidad forman parte de un esquema mucho más amplio, donde están involucrados sectores de justicia y el privado.
“Creo que se debería fortalecer a los organismos que ya tenemos y que cuentan con una capacidad operativa muy baja de control. Insisto en este tema porque el gran poder del crimen organizado es el dinero que maneja. En la medida que se puedan congelar los activos y comisar sus bienes, vamos a estar restando posibilidades de acción. En algunos casos se han visto pagos multimillonarios a abogados y, ¿de dónde viene ese dinero?”, exclamó el experto.
