Proverbios 10:9, en la versión de Reina Valera 1995 advierte que “el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto”. Hoy la militarización de la seguridad interna ha causado más de un sufrimiento, con víctimas de supuestos falsos positivos y el resultado no ha sido el esperado, porque los hechos atribuidos a organizaciones terroristas se han multiplicado.
Para entender porque mencionamos la cita bíblica, debemos recordar que el empleo de elementos militares en cuestiones de seguridad interna es claramente contrario a lo que reza la Constitución de la República. Es decir, se pervierte los artículos 173 y 175 de la Carta Magna. Y del sufrimiento que ha causado, y/o lo que no fue capaz de evitar, son innumerables. Testimonios de violación de Derechos Humanos se suman a la creciente cifra de muertes y víctimas de secuestro en Concepción, San Pedro y Amambay.
Es importante recordar que la militarización empezó cuando el Gobierno de Horacio Cartes, en el 2013, forzó la modificación de la Ley de Defensa Nacional, logrando la promulgación de la Ley 5036/13, aprobada y sancionada el 22 de agosto del 2013, con el que se habilitó la participación de militares en acciones de seguridad interna.
NUEVO ENFOQUE DE SEGURIDAD
El senador Pedro Santa Cruz fue claro al señalar que el enfoque del abordaje de seguridad pública en la zona norte con el Comando de Operaciones de Defensa Interna – Fuerza de Tarea Conjunta no ha tenido el éxito esperado, a pesar que se presentó con gran triunfalismo.
Remarcó que hoy el cartismo solo busca atacar a bloques opositores para rehuir del debate central, recordando el bochorno que representó la supuesta participación de un ex gerente del Banco Amambay en operativos militares, o la vacilante imagen del “instructor Zero”, Yeco Belucci, en helicópteros de las Fuerzas Armadas de la Nación.
“En este momento el cartismo trata de desviar la atención, es un modelo fracasado en el mundo y fracasó en Paraguay y tenemos que discutir un nuevo enfoque que traiga la seguridad en el norte”, dijo el congresista.
En el Senado presentó la cantidad de víctimas de estos grupos, que operan desde 1997. De aquel tiempo hasta ahora suman 70 víctimas fatales de hechos criminales, divididos en 40 civiles, 19 policías y 11 militares. Y un dato no menor es que desde agosto del 2013 a la fecha, con el estado de excepción permanente en Amambay, Concepción y San Pedro, hubo 47 asesinatos.
Es decir, en los últimos 8 años ocurrieron el 67% de los asesinatos atribuidos a estas bandas armadas. Y otro punto importante a resaltar es que antes solamente operaba el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero a la fecha ya existen otras organizaciones más como el Ejército del Mariscal López y la Agrupación Campesina Armada – Ejército del Pueblo (ACA-EP).
Además, la cifras de secuestros también se han multiplicado, pues hasta el 2013 hubo cuatro plagios cometidos por miembros de estos grupos armados, y desde la creación de la FTC 14 personas fueron secuestradas, 11 durante el gobierno de Cartes y 3 con Mario Abdo Benítez.
TRANSICIÓN
Para Santa Cruz, la Policía debe de volver a tomar las riendas de la seguridad interna en la zona, “porque sobre todas las cosas esto requiere más un abordaje de inteligencia”. Remarcó que es la Policía Nacional la que está más en contacto con la gente, y refirió que en el norte existe un malestar de la ciudadanía por la forma en que son abordados por la FTC, y que se necesita volver a tener el apoyo ciudadano.
Al momento de insistir en que el modelo de militarización debe ser abolido, refirió que la intención no es abandonar simplemente el terreno de operaciones, sino abordarlo desde una nueva estrategia que contemple una transición.
“Tampoco podemos ser irresponsables y pedir abandonar el norte dejando sin efecto la Fuerza de Tarea Conjunta, pero necesitamos un nuevo diseño que debe contemplar una transición entre un modelo y otro”, remarcó el senador.
Por último, indicó que el Poder Ejecutivo debe de presentar un plan integral que englobe todos los problemas de seguridad ciudadana que afectan a los departamentos de Amambay, Concepción y San Pedro.
“No podemos dejar de lado todo lo que ocurre en la zona, porque no solamente existe el EPP, la ACA o el EML, hay tráfico de cigarrillos, narcotráfico, rollo tráfico, crimen organizado en general, y necesitamos debatir y que el Ejecutivo nos presente un proyecto integral para poder realmente terminar con lo que pasa la gente en el norte”, destacó el Congresista.
Como último punto, es importante recordar que el presupuesto que tiene la FTC. En el 2020, la Policía Nacional destinó G. 18.937 millones, mientras que el Ministerio de Defensa Nacional otros G. 52.119 millones. Según el estimado de Cuentas y Control del Senado, a estos montos se le agrega US$ 3 millones en concepto de salarios para policías y militares, lo que representa un costo operativo total de US$ 14,9 millones.
Mientras que este año, el presupuesto destinado para la operatividad de la FTC ronda los US$ 13 millones.
CIFRAS
US$ 13 millones es el presupuesto operativo de la FTC, contemplando ya los salarios de efectivos policiales y militares.
