Este caso se suma al juicio que lleva adelante el Estado paraguayo ante la Corte IDH por la destitución vía juicio político de los exministros de la Corte, Bonifacio Ríos Ávalos y el ya fallecido Carlos Fernández Gadea.
El Estado paraguayo se negó a reponer o indemnizar a ambos ex altos magistrados, por lo que se tuvo que llegar a esta situación. Con respecto a Fernández Gadea, la indemnización iba a ser para su familia.
Debido a esta situación, se puso en debate nuevamente la legalidad de la aplicación del juicio político. Además, se puso en tela de juicio si hace falta reglamentarla para su correcta aplicación.
DUARTE
Marcelo Duarte, abogado constitucionalista, señaló que esta situación ya se analizó repetidamente y en todas las oportunidades se llegó a la conclusión de que la Constitución Nacional es bastante clara en cuanto al procedimiento para llevar adelante el proceso. De manera tal que no haga falta una reglamentación legislativa de la figura, puesto que todos los pasos para llevar adelante están en la misma Constitución.
“El hecho de reglamentar la ley tampoco libraría al Estado paraguayo de ser demandada por la supuesta inconstitucionalidad. Eso está en manos de la interpretación de los afectados y de los organismos internacionales”, afirmó.
Sobre el caso Lugo, adelantó que en términos prácticos ve poco probable que se revierta, y que solo acciones dilatorias podrían practicarse.
“Si se revierte, dejaría mal parada a la Corte, por ello dudo que pueda suceder”, afirmó.
BONIFACIO RIOS
Sobre el caso Bonifacio Ríos Ávalos, afirmó que si se puede cuestionar el reglamento que se utilizó para la acusación, también puede ser atacado el nuevo reglamento, y si no prospera en favor de los interesados se puede recurrir a organismos internacionales.
“Estamos expuestos a vaivenes políticos que transcienden las fronteras. Desde mi punto de vista es una posición errada la que tomó la CIDH sobre el caso Lugo. Fue una decisión más política que otra cosa”, comentó.
PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Al ser consultado sobre la necesidad de reglamentar la pérdida de investiduras, señaló que tampoco hace falta ninguna reglamentación ya que la Constitución Nacional es absolutamente autosuficiente en cuanto a los pasos a seguir. Así como en los requisitos y como se calculan las mayorías.
