Comentario 3×3
Por Benjamín Fernández Bogado
No hay otra manera de calificación que no sea la de burros a nuestros legisladores, a nuestros diputados, que ayer se pegaron un tiro al pie castigando a su colega Celeste Amarilla por 60 días sin goce de sueldo, por haber afirmado que una gran mayoría de ellos ingresa a dicho cuerpo legislativo con dinero sucio.
Casi una cuestión de ingenuidad, algo que presumimos todos los representados desde hace mucho tiempo. Y, además, hay una cuestión fundamental: Todo legislador tiene lo que se llama la inmunidad de opinión, puede afirmar lo que le plazca sin ningún tipo de consecuencias, para cualquiera de nosotros una afirmación de ese tipo siempre tiene límites, como toda libertad.
La libertad de expresión tiene límites en el derecho de las personas a ser preservadas en su dignidad y pueden interponer acciones judiciales por calumnia, injuria o difamación. En el caso de un legislador, eso no cabe y es una protección que viene desde la Constitución de 1870.
Es una de las pocas cosas diferenciadas que tiene el legislador con respecto a sus representados y es una forma de garantía para que no tenga consecuencias para él o para ella ninguna afirmación como la que dijo en el cuerpo legislativo Celeste Amarilla, y le costó la suspensión.
Si los legisladores castigan a una de ellas como lo hicieron y no lo mantienen como tal, es que definitivamente han renunciado a lo que es una de sus principales garantías en el ejercicio y desempeño de su tarea legislativa. Ahora sólo nos pueden decir que cualquier afirmación que escuchemos de parte de ellos y que nos toque de carácter personal o que creíamos de que realmente nos está afirmando de ser corruptos o cosa parecida, deberíamos llevarle a los tribunales a los miembros del Congreso.
Deberían rever la decisión que tomaron, porque son unos reverendos burros ignorantes, no saber lo que han calificado en la acción contra su colega y las consecuencias que esto supone. Han violado la Constitución y eso es suficientemente grave, en detrimento no sólo de los que votaron en contra de la diputada Amarilla, sino de todo el cuerpo legislativo y la institucionalidad democrática paraguaya.
