Baja institucionalidad alienta a invasores de propiedades
Más allá de si aplicar penas más severas a quienes invaden inmuebles rurales o urbanos es o no conveniente, subsiste una cuestión de fondo en el revuelto asunto de la propiedad en el Paraguay. Cuesta creer que los organismos que deben registrar, dar entidad y documentar el asiento y traspaso de inmuebles en el país carezcan de las instancias institucionales que en cualquier otro país del continente existen hace años.
Vegetan en el Congreso tres proyectos de ley, como diría un escribano, de un mismo tenor y a un solo efecto: que crea el Sistema Nacional de Catastro Registral (Sinacare), que organiza la Dirección Nacional de Catastro y que establece la Dirección Nacional de Registros Públicos, esta última, una oficina dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Uno de esos proyectos fue retirado mientras que otros dos siguen en estado cataléptico. Esta historia de atraso y postergación sine die lleva ya diez años. ¿Cómo han hecho otros países para ordenar sus registros de propiedad? Sin duda, tomando el tema en serio, orgánica y consensuadamente. Por aquí, en cambio, ni orden, ni seriedad ni mucho menos, consenso.
¿Por qué la persistencia del caos? No hay respuesta sencilla para la pregunta correcta. Pero sí muchas hipótesis. La más creíble parte de un proverbio que asegura que “en rio revuelto hay ganancia de pescadores”. ¿Cómo empieza la invasión de una propiedad cualquiera? Con personas que difícilmente podrían deletrear su nombre y que se plantan en un terreno afirmando que es un “excedente fiscal”, jerga de agrimensores y argumento capcioso que manejan muy bien los políticos oportunistas. Si los registros públicos estuvieran ordenados y digitalizados, cualquier anomalía se detectaría al instante y los reclamos no tendrían base. Pero como todavía ni siquiera hemos creado por ley las instancias definitivas que consoliden la titularidad de una tierra, el caos subsiste y las aventuras invasoras surgen como hongos. Por eso la resistencia a una ley que endurezca el tratamiento penal a invasores, aunque es más que dudoso que ese paso vaya a frenar esta verdadera enfermedad que acecha a la propiedad privada en el Paraguay.
Como en muchos otros ordenes, nos cuesta ganar institucionalidad en este capitulo tan vapuleado de la realidad paraguaya.
