Autoridades de Salud y representantes del Ejecutivo se reunieron con senadores líderes de bancadas. En concreto, participaron Julio Borba, ministro de Salud, Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud y Gustavo Irala, asesor jurídico estuvieron por parte de la cartera sanitaria.
Por parte del Ejecutivo acudieron Hugo Velázquez, vicepresidente de la República y Hernán Huttemann, jefe de gabinete de Abdo.
Por parte del legislativo estuvieron; Desirée Masi, senadora del PDP, Jorge Querey y Fernando Lugo, senadores del Frente Guasu, Enrique Bacchetta, Silvio “Beto” Ovelar, Enrique Riera, y Arnaldo Franco, los cuatro por parte de la ANR.
Así también participaron Stephan Rasmussen, senador del PQ y Patrick Kemper de Hagamos.
Tanto los representantes de Salud como del Ejecutivo defendieron el proyecto de ley “De Emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19”. Esta ley es conocida popularmente como “La Ley Garrote”, porque establece castigos administrativos (multas) y penales (penas privativas de libertad) para aquellas personas que incumplan las medidas sanitarias o protagonicen inmunizaciones irregulares.
EN DEFENSA
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, fue el primero que tomó la palabra. Señaló que la ley busca ayudar a Salud pública como prioridad.
“Esto obliga al Ejecutivo a reglamentar ciertos derechos. En desastres o pandemia, el legislativo faculta al Ejecutivo establecer decretos. Pero en una actitud democrática damos al legislativo para modificar si hubiera necesidad este documento”, expresó.
Hernán Huttemann, jefe de gabinete, expresó por su parte que este proyecto no establece castigos penales. Es decir, solo se aplicarán castigos administrativos para los infractores.
“Salud establece sanciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y otros entes públicos. Nosotros les consultamos si tenían la capacidad para aplicar las sanciones y ellos nos dieron una respuesta afirmativa”, expresó.
Acto seguido desmintió que se apliquen sanciones penales para los infractores. Algo que fue cuestionado a lo largo de la última semana por la prensa, políticos y varias organizaciones sociales.
“Creemos que con una infracción o una multa será suficiente”, expresó.
SALUD
Julio Borba, ministro de Salud, expresó que su cartera cuenta con equipos fiscalizadores en todos sus establecimientos de salud. Que ya están haciendo un trabajo importante pero pidió que las municipalidades y otros entes públicos colaboren en la labor.
“Acabo de firmar más de 100 instrucciones de sumarios. Ya conversamos con Arnaldo Giuzzio (ministro del Interior) y René Fernández (ministro Anticorrupción) sobre la factibilidad de buscar RRHH de otros ministerios relacionados al derecho que puedan sumar. Ya que existe una sobrecarga de sumarios”, expresó.
SENADORES
Desirée Masi, senadora nacional por el PDP, resaltó la desconfianza de que Salud cumpla a cabalidad este proyecto. Ya que no existen castigos a todos los infractores por igual. Hizo alusión a los transportistas que no reciben castigos a diferencia de los lomiteros.
“Van a limitar la cantidad de personas en los buses. Quiero que me expliquen cómo van a hacer y porque recién ahora”, cuestionó.
Resaltó que el Senado siempre contribuyó al Ejecutivo, y lamentó que no pidieron su opinión a la Comisión de Salud.
“Existe una desconfianza y falta de credibilidad en el Ejecutivo. Tengamos incertidumbre por el tema vacunas que crispan el ambiente. Y es por ello que estamos debatiendo esto”, expresó.
Pidió que el documento se limite a una ley sanitaria y económica. También instó a los proyectistas que expliquen con argumentos el motivo de cada determinación.
“El virus no duerme. En nuestro país hay que explicar porque a partir de las 20 en adelante se restringe la movilidad”, sentenció.
RASMUSSEN
Stephan Rasmussen, senador nacional por Patria Querida (PQ), expresó por su parte que se debe esperar para tratar el documento. Y no a las apuradas este jueves 13 de mayo.
“Esperamos 14 meses, podemos esperar unas semanas más. No queremos una ley muerta. Cayó muy pesado en el ambiente. Se presentó sin discusión previa”, señaló.
Resaltó la arbitrariedad que pueda tener la aplicación de la ley. Ya que el documento contiene palabras que se pueden mal utilizar.
“Salud está colapsado. Tiene miles de prioridades como para ocuparse también de esto. Debemos trabajar con tiempo para tener una ley que sea aplicable”, dijo finalmente.
PUNTOS CUESTIONADOS
En el artículo 3 se establece la creación de una Junta de Emergencia Sanitaria. Se cuestiona la creación de un nuevo ente que no esté contemplado en las leyes.
En el artículo 6 se prohíbe las aglomeraciones en eventos deportivos, culturales, religiosos y en espectáculos públicos. Se cuestiona ¿cómo se establece una aglomeración peligrosa?
El artículo 19 establece penas privativas de libertad de hasta cinco años o multas. Este castigo penal fue cuestionado. Políticos y sectores sociales coinciden en que solo son aplicables medidas administrativas (multas o sanciones).
