El Poder Ejecutivo eligió a sus dos representantes legales que defenderán al Estado Paraguayo en la demanda de la constructora Mota-Engil. Los abogados electos fueron Eduardo Silva Romero, letrado colombiano y francés (doble nacionalidad) y José Manuel García, abogado español. Los mismos prestan servicios a la firma de abogados Dechert LLP (París).
Ambos acompañarán a Juan Rafael Caballero González, procurador nacional, en la misión de sacar victorioso a nuestro país en dicho arbitraje. El decreto en cuestión es el 5616.
“Que en estas condiciones resulta imperioso tomar los recaudos administrativos necesarios, para garantizar la defensa de los intereses del Estado, y a tal efecto, corresponde designar con carácter excepcional, y únicamente para este caso. A los abogados que fueron contratados en el marco del llamado MOPC N° 125/2020 contratación por vía de la excepción para los servicios de asesoramiento y representación legal en los arbitrajes internacionales promovidos contra el Estado paraguayo con ID 388172 contrato 576/2020 con la firma Dechert LLP (París) a cargo de los abogados Eduardo Silva Romero y José Manuel García Represa para realizar todas las actividades necesarias para esta representación, incluidas de esta manera meramente enunciativa, para intervenir ante el Tribunal Arbitral en el caso de referencia, presentar escritos, comunicaciones, y cualquier tipo de moción en el caso de referencia, comparecer a audiencias y someter a juicio las decisiones de los árbitros”, reza parte del citado decreto.
El pago que hará nuestro país por este asesoramiento será de US$ 3,5 millones (G. 23.800 millones).
RECLAMO
La empresa portuguesa Mota Engil, encargada de la construcción del fallido Metrobús, reclamó a nuestro país el pago de US$ 25 millones para la rescisión definitiva del contrato a inicios de febrero del año pasado.
Cabe destacar que la obra fue suspendida por la empresa extranjera por supuesto incumplimiento de contrato y esto fue causal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la rescisión.
El supuesto incumplimiento es el retraso de la liberación de la franja. Sergio Cossia, entonces procurador general de la República expresó, a medios de comunicación, que no se puede pagar por “obras no realizadas”.
La firma ya había cobrado US$ 30,2 millone, esto equivale al 60% del monto del contrato original (US$ 54 millones)
Al principio, la empresa solicitó US$ 18 millones, luego aumentó US$ 7 millones más, totalizando US$ 25 millones.
RECUPERAN RECURSOS
Ocho meses después, en noviembre pasado, Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas (MOPC) y Sergio Coccia, entonces procurador general, anunciaron la recuperación de US$ 4,5 millones del anticipo que dieron a la empresa portuguesa.
CONTEXTO
En Febrero de 2016, Mota Engil, empresa portuguesa fue adjudicada para llevar adelante el proyecto Metrobús. El mismo debía terminar para marzo del 2018.
La obra ya ocasionó un perjuicio al Estado de US$ 30,2 millones como pago de cuatro de los 12 kilómetros del proyecto.
Además, en el pliego de bases y condiciones se establecía que no se debía aumentar ningún dólar y al final no fue así. Ya que de los US$ 54 millones que se estableció en un inicio, el presupuesto se infló hasta los US$ 70 millones.
