El pasado jueves 6 de enero, la fiscal María Eugenia González imputó por irregularidades relacionadas a los juegos de azar a ocho personas. Se trata de José Ortiz, titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), los integrantes de la comisión directiva de ente público; Ricardo Núñez (representante por las municipalidades), Omar Mongelós (Ministerio del interior) y Rubén Rousillón (gobernaciones). También fue imputado Raúl Silva, exfuncionario de la institución.
Los otros imputados son Carmen Alonso, responsable de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Álvaro Wasmosy, presidente de la firma que explota la quiniela; Technologies Development of Paraguay SA (TDP), y Sergio Coscia, exprocurador general de la República.
No se descartan más imputaciones, atendiendo a que la firma iCrop S.A. también está siendo investigada por irregularidades relacionadas a la explotación de los tragamonedas.
Como continuación del caso, ayer lunes, La Fiscalía realizó dos allanamientos. Uno de ellos fue en la exoficina de TDP S.A donde acudió la fiscal González. Aunque la firma ya se ha mudado a otras instalaciones según lo afirmó el mismo abogado defensor José Fernández Zacur.
A pesar de la mudanza, la agente fiscal de igual manera encontró varios documentos que servirían en el caso.
El otro allanamiento se produjo en el local de la Conajzar, donde acudió el fiscal Osmar Legal.
CONTEXTO
El miércoles 25 de agosto, los senadores Jorge Querey, Esperanza Martínez y Enrique Bacchetta, presentaron una denuncia penal contra José Ortiz por supuestas varias irregularidades en sus funciones.
Una es la posible licitación direccionada de la quiniela a la firma TDP S.A. Esto, a pesar de que la misma poseía millonarias deudas al Fisco.
Sin embargo, fue adjudicada por otros cinco años para la explotación del servicio. Se estima que se trata de una evasión fiscal de US$ 13 millones desde el 2015 hasta la fecha.
Otra irregularidad involucra a la firma iCrop S.A. La misma explota el juego de los tragamonedas. Sin embargo, su proliferación indebida y su fácil acceso para los niños, fue también denunciado por los legisladores y la titular de la cartera de la niñez. En su momento, Ortiz responsabilizó a las municipalidades de no hacer los controles.
Finalmente, el tercer punto cuestionado, fue que la Conajzar, dio ciertas concesiones irregulares a TDP S.A. durante la pandemia. Una de ellas fue la reducción del 50% en el cobro del canon mensual. Es decir, en lugar de pagar G. 7.500 millones al mes, la firma solo debía pagar poco más de G. 3.200 millones.
SINDICATO
Alicia Gutiérrez, secretaria de conflictos del Sindicato Nacional de trabajadores, vendedores de quinielas, de bingos, juegos de azar y afines del Paraguay (Sitranquiba), expresó que están contentos porque las autoridades están actuando en el caso. Afirmó que esperan que con esto se aclaren los hechos de corrupción acontecidos en el ente público.
“Hemos sufrido la reducción del 5% en las ganancias. Pero TDP S.A. fue beneficiada con la reducción del 50% en el pago del canon”, afirmó. En otras palabras, en marzo del 2020, alrededor de 6000 corredores de quiniela fueron afectados por la reducción del 25% al 20% de las ganancias. Esto fue decidido de forma arbitraria por TDP S.A. bajo excusa de la pandemia y la crisis económica.
Lo que se desconocía era que la firma fue beneficiada por una reducción del 50% de los pagos del canon. A pesar de ello mantuvieron las rebajas a los trabajadores. La trabajadora pidió al Ministerio Público concentrarse en Diego Wasmosy y no en Álvaro Wasmosy. Ambos son hijos del expresidente Juan Carlos Wasmosy, pero Diego es el que llevaba al frente la firma con las irregularidades ya explicadas. No así Álvaro quien fue el imputado por la Fiscalía.
