La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que estipula la extensión por 10 años más la vigencia de la Ley 6.256. La misma prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental, más conocida como la “Ley de Deforestación Cero”. Ahora la normativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El punto de divergencia era el plazo. La versión Senado estableció, la semana pasada, que sea de 10 años (hasta el 2030). Sin embargo, existían rumores de que la Cámara Baja apruebe su propia versión de solo hasta 3 años.
Finalmente, durante la sesión, el bloque colorado terminó apoyando la versión de la Cámara Alta. Con esto, ambientalistas celebran la medida, ya que venían instando con manifestaciones y comunicados en redes sociales que la ampliación sea por una década de forma mínima.
Pastor Vera Bejarano, diputado por el Partido Liberal (PLRA), e integrante de la Comisión de Ecología, señaló que querían realizar modificaciones, pero que debido al corto tiempo que se dispone, dictaminaron por su aprobación.
Uno de los puntos es que el negocio inmobiliario se ve afectado por el proyecto de ley. Sin embargo, sostuvo que lo correcto es aprobar como fue enviado por el Senado y revisarlo luego del receso parlamentario ya en marzo próximo.
Cabe recordar que este lunes 14 vence la actual ley. Por lo cual, si la Cámara Baja introducía modificaciones, se aplazaría la sanción del documento necesario para el cuidado de los bosques.
Otro punto cuestionado por Vera Bejarano fue que el Gobierno no ha hecho un estudio sobre el impacto ambiental causado por la deforestación. Resaltó que solo existen datos de ambientalistas que si bien son valorados, se requiere de un informe oficial para hacer un estudio más completo.
“Necesitamos ese informe para tener todos los datos sobre los avances y el impacto. Es importante cumplir con los compromisos internacionales. Y, al mismo tiempo, mantener la racionalidad jurídica para la gente que trabaja”, sostuvo.
Otro punto en cuestión es que se debe garantizar los incentivos económicos para la gente que posee remanentes boscosos. Esto debido a que si la ley prohíbe el desmonte, que el Estado retribuya, a los dueños de estas hectáreas con ganancias económicas.
PRIMER PASO
Sebastián Villarejo, diputado nacional por el partido Patria Querida (PQ), rememoró que en el 2004, cuando se aprobó la primera ley de “Deforestación Cero”, nuestro país era el número uno en deforestación en América y la segunda a nivel mundial. En concreto, de 8 millones de hectáreas en la región oriental en 1940 pasamos a 2,5 millones en la actualidad.
“Sin bosques no hay vida. Esta ley se debe seguir trabajando. Hay que favorecer a la producción sostenible. Y derribar ese mito de que la producción no puede ir de la mano con el medio ambiente”, manifestó.
En otro momento, señaló que esta ley solo debe ser un primer paso. Y que espera que con esto los municipios creen planes de ordenamiento territorial para que estos remanentes boscosos ya no se vean afectados.
“Uno se acerca a cualquier bosque y se encuentra con los manchones. Hace falta capital humano. Debemos hacer que las instituciones funcionen. Construir un futuro sin apuros que permita el enfoque integral, conectando estos remanentes. Haciendo incentivos económicos”, manifestó.
ACTIVIDADES ILÍCITAS
Hugo Ramírez, diputado cartista señaló que nuestro país genera alimento para 80 millones de personas cada año. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestro país perdió el 90% de su superficie boscosa desde 1940.
“Incluso con esta ley existen muchas denuncias. Entonces insisto que esto es urgente. Perdimos más superficie que los países vecinos. Detrás de la deforestación existen actividades ilícitas que deben ser combatidas para poder solucionar este problema”, manifestó por su parte.
AMBIENTALISTAS
La organización “A todo pulmón” a través de un comunicado, celebró la decisión de Diputados. Además de la ampliación por 10 años, la organización resaltó que la nueva ley contempla incentivos para los que cuidan estos remanentes en sus propiedades. Por ejemplo la exoneración del impuesto inmobiliario. Que si bien no es el incentivo que busca Vera Bejarano, ya es un avance importante.
“Estamos muy contentos con este gran paso, anteriormente las extensiones de la Ley se daban por 2 años, así que 10 años más es un gran logro de la ciudadanía y de las más de 60 organizaciones socio ambientales que unidas venimos trabajando. Este es el camino, ahora debemos seguir trabajando conjuntamente para que se cumpla la Ley y se apliquen las penas a las personas que deforestan nuestros bosques, robándole el futuro a nuestras futuras generaciones”, expresó Víctor Ibarrola, director ejecutivo de dicha ONG.
MOTIVACIONES
El motivo de la ampliación por 10 años de forma mínima son tres principalmente. En primer lugar para dar tiempo para la recuperación de los bosques altamente degradados, alterados y para que se puedan reconectar en bosques ecológica y socialmente funcionales.
En segundo lugar, para poder establecer mecanismos financieros para que los tenedores de bosques reciban los beneficios establecidos por ley en los regímenes de servicios ambientales.
Y finalmente para que las condiciones de las instituciones que salvaguardan el patrimonio natural de estos bosques se fortalezcan.
