Por Alfredo Schramm.
El panorama político y social en Francia entra en una zona de alta turbulencia. Tras las multitudinarias manifestaciones del pasado fin de semana, bautizadas popularmente como el «día de furia», el país intenta asimilar el impacto de una jornada que congregó a entre 500,000 y 800,000 ciudadanos en las calles y que culminó con más de 1,200 detenciones en medio de graves disturbios.
Lo que inició a mediados de septiembre como una protesta estudiantil periférica contra la precariedad escolar se ha transformado en un estallido social generalizado. El descontento civil apunta ahora de forma directa hacia el presidente Emmanuel Macron, aglutinando demandas históricas sobre el costo de vida, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
La crisis actual no nació en los despachos políticos, sino en los institutos del norte de París. Allí, sindicatos de estudiantes y padres comenzaron a movilizarse para denunciar la falta crónica de profesores, infraestructuras escolares en estado ruinoso y la presencia de plagas en las aulas.
Sin embargo, ese reclamo sectorial actuó como el catalizador de un malestar latente mucho mayor. En pocos días, transportistas, trabajadores del sector público y colectivos vinculados a los antiguos «chalecos amarillos» hicieron suyas las convocatorias, expandiendo las protestas a más de 500 localidades en todo el territorio nacional.
Ciudades sitiadas
Aunque la gran mayoría de los manifestantes marcharon de forma pacífica, la caída de la noche dio paso a escenas de extrema violencia en varios puntos del país:
- Destrozos en el patrimonio: En Limoges, el histórico edificio del ayuntamiento sufrió daños devastadores tras ser incendiado intencionalmente. En Lyon, la oficina de turismo de la plaza de Bellecour quedó reducida a cenizas.
- Caos en las metrópolis: En París, Marsella y Lille, grupos de encapuchados se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, levantaron barricadas en llamas y saquearon decenas de comercios de grandes cadenas.
La respuesta policial fue contundente, recurriendo al uso generalizado de gases lacrimógenos y camiones hidrantes. No obstante, las tácticas de dispersión están bajo el microscopio tras reportarse heridos de gravedad debido al impacto de granadas aturdidoras.
Un gobierno acorralado
Desde el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron condenó con severidad los actos vandálicos y a quienes calificó como «sembradores de caos», prometiendo que la justicia actuará con máxima firmeza contra los responsables de los destrozos.
Por su parte, la oposición política no ha tardado en reaccionar. Líderes de la izquierda francesa acusan al gobierno de «incompetencia» y de encender la mecha de una «crisis de régimen» al responder con represión en lugar de abrir canales de diálogo reales sobre las urgencias económicas de la población. Con las calles aún calientes y los sindicatos llamando a mantener la presión, el Ejecutivo se enfrenta a uno de los desafíos más complejos de su mandato.
