En una alarmante muestra de abuso de autoridad, la Policía Nacional de Paraguay llevó a cabo detenciones masivas en el microcentro asunceno, sin la debida orden judicial, basándose únicamente en percepciones. Este operativo, que recuerda a prácticas propias de tiempos dictatoriales, ha desencadenado una ola de condena por parte de expertos legales y ciudadanos preocupados por el respeto a los derechos fundamentales.
Decenas de personas fueron aprehendidas bajo la categoría de «sospechosas», en una clara violación a la Constitución, las leyes nacionales y los Convenios internacionales de derechos humanos. La arbitrariedad con la que la Policía Nacional actuó en este caso ha desencadenado críticas tanto a nivel nacional como internacional, poniendo a Paraguay en riesgo de sufrir sanciones similares a las impuestas a otras naciones latinoamericanas que han incurrido en comportamientos antidemocráticos.
La falta de orden judicial para estas detenciones genera preocupación sobre la fragilidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho en Paraguay. Expertos en derechos humanos han denunciado la naturaleza «autoritaria e ilegal» de este procedimiento, subrayando que la detención de trabajadores informales sin justificación legal constituye un claro atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Policía Nacional, en un intento por justificar su accionar, ha anunciado el operativo como un éxito a través de las redes sociales, destacando la incautación de dos armas. Sin embargo, estas afirmaciones son puestas en entredicho por la proximidad de las operaciones a actos delictivos no impedidos, como disparos y robos a plena luz del día y frente a cámaras de seguridad.
El operativo, lejos de cumplir con su objetivo preventivo y disuasivo, ha suscitado un repudio generalizado. Organizaciones de derechos humanos, líderes políticos y la ciudadanía en general exigen una investigación exhaustiva sobre estas detenciones arbitrarias y el castigo correspondiente a los responsables.
La comunidad internacional observa con atención estos acontecimientos en Paraguay, recordando casos similares en la región que resultaron en sanciones y condenas. La reputación del país se ve comprometida, y las acciones de la Policía Nacional amenazan con desencadenar consecuencias negativas en el ámbito diplomático y económico.
La sociedad paraguaya debe permanecer vigilante y exigir el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, instando a las autoridades a rectificar este accionar arbitrario y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público. El país se encuentra en un momento crítico en el que la defensa de la democracia y los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier intento de vulnerarlos.
