El viernes pasado se desarrollaron una serie de allanamientos encabezados por la agente fiscal Esmilda Álvarez en busca de desarticular una estructura criminal que aparentemente se dedicaba a la estafa con la falsificación de documentos para la compra y venta de inmuebles que habrían generado un perjuicio de aproximadamente G. 81.000 millones, casi US$ 11 millones al tipo de cambio actual
Los datos refieren que, unas 7 personas identificadas de una treintena de sospechoso estarían vinculados al ilícito. Estos creaban empresas ficticias y reclutaban a otras personas denominadas “muñecos” para realizar operaciones fraudulentas y así emitir cheques al sistema financiero.
Uno de los procedimientos del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional se efectuó en una vivienda en la zona de Itá Enramada en Asunción.
En esta causa están identificados: José Espínola Vargas, quien sería el cerebro del esquema; Carlos María Valinotti Araujo, Mario Jesús Peña Vargas, Julio Gustavo Caballero Villalba, Luís Carlos Chamorro, Julia Yegros, Gustavo Velázquez Limenza, informó el Ministerio Público.
MÁS ALLANAMIENTOS
Una comitiva fiscal y policial realizó un tercer allanamiento en el caso Operativo Scam Network, en Luque, donde se logró la captura de Julia Yegros, de 39 años, también hombres que estaban con ella también fueron detenidos, se investigará su vinculación. Además de estafa, se confirma el hecho punible de asociación criminal.
La fiscal Esmilda Álvarez indicó que la mujer tenía en su poder sellos del Poder Judicial y otros documentos vinculados al esquema que estafaba en la compraventa de inmuebles. El comisario Hugo Rolón comentó que la mujer no terminó sus estudios universitarios de Ciencias Contables, pero que utilizó sus conocimientos del área para la adulteración de documentos de diferentes instituciones públicas.
La megaestafa consistía en crear cuentas bancarias y sacar créditos con documentación falsa, además de realizar transacciones fraudulentas de compraventa de vehículos e inmuebles. Rolón detalló que se produjo un perjuicio de G. 81.000 millones a las víctimas, quienes fueron estafadas desde el 2019.
