Héctor Rubén Recalde, empresario y amigo de Javier Díaz Verón, exfiscal general del Estado, busca pugnar en la compra de un inmueble de la exempresa Mocipar Propiedades. Esto debido a que la firma fue declarada en quiebra dolosa.
Recalde es titular de la empresa Guaindupar. Esta firma ingresa a la quiebra de Mocipar el pasado 12 de febrero, solicitando la venta privada del inmueble (un country ubicado en Ypacaraí). Ofertando G. 1525 millones.
Lo llamativo es que Guaindupar accedió como oferente a la puja para la venta sin ser acreedor. Poco después se postuló la empresa Götze que si es acreedor. Esta última ofertó G. 1600 millones. Sin embargo, el Sindico muestra preferencias por la empresa de Recalde a pesar de que haya propuesto una oferta más baja.
“Solicité la subasta. Pero apeló el Síndico afirmando que la mejor oferta es de Guaindupar”, expresó Gustavo Franco, abogado de la Asociación de Víctimas de Mocipar.
ANTECEDENTES
El 19 de agosto del 2018, una investigación periodística reveló que María Selva Morínigo, esposa de Javier Díaz Verón, compró el 50% de las acciones de la empresa Aguacero SA. El otro 50% de las acciones pertenecen al mismo Recalde.
Este no es el único vínculo entre el exfiscal general y el empresario. También comparten acciones en las empresas Salty River SA y Canto Rodado SA.
Durante ese mismo año, la firma Salty River SA protagonizó la compra subfacturada de un inmueble. Se trató de un predio de 26 hectáreas cuyo valor real es US$ 1 millón. Pero la esposa del entonces fiscal general del Estado, quiso adquirirla por US$ 79 mil.
CONTEXTO
El costo de la venta del inmueble irá a la cuenta judicial habilitada para el juicio de Mocipar Propiedades en quiebra. La propiedad es la finca número 9176 ubicada en Ypacaraí. Es denominada “Country del Sol”. Según las víctimas, el costo real del inmueble es de G. 7.000 millones. Sin embargo, el Síndico está dispuesto a aceptar una oferta de poco más de G. 1.500 millones por ella.
Mirna Alfonso, una de las víctimas de Mocipar, expresó que existe una pelea por este country. Lamentó que el Síndico favorece en sus resoluciones al grupo de Recalde.
Mafalda Cameron Luque es la jueza en Mocipar automotores, mientras que Guillermo Riveros es juez en Mocipar propiedades.
“Nosotros no confiamos en el Síndico Blas Velázquez. Tenemos una desconfianza total por su preferencia y parcialidad en ciertas decisiones”, señaló.
ANTECEDENTES
Existen alrededor de 500 personas que acusan a la empresa Mocipar haber sido estafados. Si bien la empresa ya lleva casi 30 años en el mercado, y los casos ya datan desde hace casi una década, la denuncia formal se produjo recién a mediados del 2019 tras una recomendación que dio la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) a los afectados.
El mecanismo era el siguiente; las personas adquirían una modalidad de pago mensual por un bien que deseaban como por ejemplo vehículos, terrenos, electrodomésticos, departamentos y dúplex.
Las personas que estaban al día en el pago de sus cuotas participaban de manera mensual del sorteo. Si salían sorteados se adjudicaban el bien que deseaban y dejaban de pagar. Pero en caso contrario, al término de pagar las cuotas se llevaban de igual manera el objetivo de las cuotas. Algo similar a lo que ofrecen las cooperativas con la rueda del ahorro.
Cuando las personas pagaban todas sus cuotas e iban a Mocipar para retirar sus bienes, siempre se encontraban con un obstáculo por el cual no podían retirarlo. Y luego, por lo general, eran convencidos de ingresar en otro plan, con la excusa de que su dinero ya invertido en la empresa iba a pasar a esa nueva cuenta con un objetivo más grande (por ejemplo un terreno o un dúplex) e iniciaba nuevamente todo el proceso.
Las pocas personas que llegaron a un acuerdo lograron electrodomésticos usados, vehículos sin documentos o sobrefacturados y departamentos en malas condiciones.
