El 18 de febrero, familiares de una paciente diagnosticada con cáncer de hígado denunciaron un grave caso de negligencia médica en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Según relató la Abg. Lucía Ishi Gómez, de la Defensoría del Pueblo, que intervino en el caso, la paciente llegó al hospital el 1 de febrero con dolores intensos y una coloración amarilla en la piel y los ojos. A pesar de que los médicos del INCAN ya contaban con los resultados de los exámenes, que indicaban un diagnóstico grave, la paciente fue enviada de regreso a su casa con una receta para tramadol y sin una fecha inmediata para su consulta, que quedó agendada para abril.
La situación de la paciente empeoró rápidamente, y el 16 de febrero su dolor se volvió insoportable. Fue entonces cuando su familia, desesperada por la condición de la mujer, se comunicó con la Abg. Ishi, quien inmediatamente comenzó a exigir atención médica urgente. A pesar de las reiteradas gestiones con el director médico y la directora del hospital, y de las intervenciones de la doctora Andrea Quiñones para coordinar el traslado, la paciente no recibió la atención adecuada hasta el 24 de febrero, cuando finalmente fue internada, solo gracias a la insistencia de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, los problemas no terminaron allí. El 7 de marzo, los familiares volvieron a contactar a Ishi, quienes informaron que la paciente no había recibido tratamiento adecuado. La mujer se encontraba en una cama, recibiendo únicamente analgésicos, y los médicos le sugerían que volviera a su casa, pues ya no había nada que hacer. Ante esta situación, la Abg. Ishi, acompañada de María Galeano, presidenta de una asociación de enfermos con cáncer, visitó el INCAN para exigir una respuesta.
En la visita, la paciente relató que no estaba recibiendo un trato digno y que su condición empeoraba sin una intervención médica efectiva. A pesar de las gestiones y la presión de la Defensoría del Pueblo, la mujer fue sometida a una intervención quirúrgica que, según los familiares, salió mal. Además, la familia reportó que la paciente continúa con un dolor insoportable, el estómago hinchado, y su herida en proceso de suturación sin recibir las curaciones necesarias.
Lo más alarmante de este caso es que, según la legislación vigente y los protocolos médicos, la paciente debería haber recibido cuidados paliativos, que incluyen el manejo del dolor y la atención psicológica adecuada para los pacientes terminales. Sin embargo, la familia denuncia que este protocolo no se está aplicando y que la atención se limita a administrar tramadol, sin un tratamiento adecuado para el control del dolor.
La situación plantea serias interrogantes sobre la calidad de la atención en el INCAN y la aplicación de protocolos médicos establecidos para casos de cáncer avanzado. La Defensoría del Pueblo y la familia de la paciente exigen una explicación urgente por parte de las autoridades del hospital sobre la atención brindada y las razones por las cuales no se ha seguido el protocolo de cuidados paliativos.
El caso sigue siendo motivo de preocupación, ya que la paciente continúa sin la atención adecuada y con un dolor insoportable. La familia solo pide lo que toda persona merece: una muerte digna y humanizada, en la que se prioricen los cuidados y el bienestar de la paciente.
