Hizo bien en cortar la hemorragia salarial en el Congreso
Se supone que en la administración de los recursos ordinarios del Estado, la Presidencia de la República y el Congreso debieran hablar un idioma compatible en cuanto a la naturaleza de los gastos, en especial los salariales. El Poder Ejecutivo es el administrador, de manera que de ese nivel parten los análisis de consistencia de los estados contables y, en consecuencia, la determinación de gastos corrientes como lo son los salarios.
Sin embargo, el Presidente de la República se vio en la necesidad de vetar un aumento a funcionarios legislativos fijado por el propio Congreso. De una sola vez, y sin decir de dónde saldrían los recursos, los honorables pretendían imponer gruesos incrementos a un total de 240 empleados con rango de directores. La subas iban de 5 a 10 millones de guaraníes, de un plumazo.
Abdo Benítez argumentó el veto afirmando que dada la situación por la que atraviesa la Tesorería General, cualquier incremento en el gasto ensancharía el déficit fiscal, salvo que el aumento se hiciera a costa de otros gastos cubiertos con la misma fuente de financiamiento. Los honorables debieran tener vergüenza de su chapucera -o contumaz- maniobra de premiar espléndidamente a sus cortesanos particulares pasándole el presente griego a Hacienda.
Lo venimos sosteniendo desde hace años. El festival de salarios al que se entrega el Congreso es inmoral, en un país castigado por la pandemia, con desempleo que no cede y empresas que han quebrado sin posibilidades de volver a la actividad a corto plazo. Mientras, en el Poder Legislativo se apiñan 2.150 funcionarios a razón de 17 por cada legislador. De toda esa masa funcionaril, al menos 300 tienen rango de directores y otros 50 de directores generales. Además, hay coordinadores, coordinadores generales y jefes departamentales, todos con grandes salarios. Hay familias enteras enganchadas en esa gran oficina de empleo llamada Congreso. Los “generosos” legisladores han llegado a darles entre dos y tres aguinaldos además de servicios médicos de lujo y bonificaciones vergonzosas, todo pesando sobre el bolsillo del contribuyente.
Hizo bien el Presidente Abdo al ponerle freno a este pornográfico derroche de recursos. El Estado debe pagar a quien preste con eficiencia un servicio requerido. Esa es su razón de ser, no engordar nidos de parásitos, mano de obra de políticos oportunistas.
