El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de Resolución que crea la Comisión Especial de Investigación de procesos licitatorios y mecanismos de control de fijación de precios de medicamentos adquiridos por los entes del Estado en los últimos 5 años. La iniciativa fue presentada por el senador Pedro Santa Cruz (PDP) y fue apoyada por la mayoría de los legisladores.
“Necesitamos identificar los factores que propician este festival de precios de medicamentos y promover los cambios. Un proceso transparente en el que todas las partes participen, ubicando en el centro a las personas”, indicó el proyectista al momento del tratamiento de su propuesta.
El proyecto de Resolución establece que la Comisión Especial estará integrada por 5 senadores, que serán designados por el presidente de la Cámara Alta en coordinación con los líderes de las diferentes bancadas conformadas.
Así también señala que la Comisión Especial creada deberá finalizar la tarea encomendada en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Comisión, el cual podrá ser prorrogado según sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según la exposición de motivos, los constantes reclamos ciudadanos y denuncias de falta de medicamentos, compras excesivas, vencimiento de lotes, sobrefacturaciones, robos de insumos y medicamentos, arreglos de procesos de licitaciones, fijación de precios excesivos, dejan bien en claro que existe una palpable ineficiencia de los Entes del Estado en garantizar los precios justos.
Esto deja en manifiesto que el acceso a la Salud y la atención digna que es Derecho básico de todo ciudadano, pasa a segundo plano cuando se cruza con excesivas burocracias y peor aún, con intereses económicos en complicidad de funcionarios o normativas ineficientes y laxas.
“Tenemos un sistema de Salud deficiente, ineficiente y burocrático que urge de una depuración y reforma que garantice el acceso a la Salud de nuestra gente, por lo que, desde esta comisión especial, se buscara encontrar las deficiencias de los procesos y las lagunas normativas que necesitan ser solucionadas para garantizar el acceso al precio justo y de manera efectiva a cada paraguayo”, señala parte de la normativa.