Dr. Edgar Giménez Caballero
Docente investigador de salud pública
Se ha postulado que las intervenciones de salud pública que afectan la dinámica social deben aplicarse en función a la situación epidemiológica y a las capacidades sanitarias ante el Covid-19. En todos los casos, las medidas deben respetar la dignidad de las personas y proteger a los más vulnerables.
Además del distanciamiento social, lo que ha demostrado ser eficaz es el rastreo, testeo y aislamiento de casos y contactos cuando corresponde (para el control epidemiológico), el uso de mascarillas, la distancia preventiva entre las personas y el lavado de manos (como comportamientos preventivos) así como la implementación de prácticas especiales en el ámbito laboral y las adecuaciones en la ventilación de los establecimientos (salud ocupacional), acompañados de mensajes claros e información confiable para el público (comunicación social). A estos pilares de salud pública se suman las vacunas.
En Paraguay, después de la cuarentena que mantuvo solamente actividades esenciales se pasó a una flexibilización por fases para reactivar la economía productiva, de servicios y de recreación. Se mantuvo la restricción laboral de las personas que presentan mayor riesgo de gravedad, y, cuando fue posible, se alentó la práctica del teletrabajo.
El efecto sanitario de esta flexibilización fue la intensificación de la trasmisión comunitaria en los meses sucesivos.
La educación no se interrumpió, sino que lo presencial fue sustituido por actividades virtuales mediante un proceso improvisado por la fuerza de las circunstancias pero que, a pesar de todas las dificultades, logró culminar el año lectivo 2020.
En febrero de 2021, con una trasmisión comunitaria intensa, con quince fallecidos diarios, con un sistema de salud saturado, con falta de insumos en los hospitales, con el personal agotado y aún sin vacunas, se ha planteado la vuelta a la educación presencial.
Podría practicarse un ejercicio teórico para estimar la magnitud del efecto de esta medida con supuestos óptimos de implementación de comportamientos preventivos y adecuaciones de infraestructura, con base a la experiencia en otros países y simulaciones, no necesariamente extrapolables al contexto paraguayo. Pero, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud, ni las entidades particulares han presentado los resultados de alguna evaluación sobre el alcance y la suficiencia de las intervenciones implementadas para adecuarse a estas recomendaciones.
Sin embargo, algunos opinan que, en cualquier caso, los riesgos son mínimos y aceptables comparando con los potenciales beneficios educativos.
Pero, como el Ministerio de Educación no ha presentado evidencias que demuestren que los resultados educativos serán significativamente mejores con las distintas modalidades presenciales planteadas (por grupos, por materias, por burbujas, etc) en comparación con la modalidad virtual, no es posible identificar las metas posibles de mejora que justifiquen la medida.
Ante la falta de argumentos educativos, se ha recurrido entonces a otras razones.
Una de ellas se refiere al incremento del maltrato, la violencia familiar y a los problemas de salud mental.
Sin dudas, estos problemas son reales y requieren ser atendidos como prioridad. Pero el atribuir como causa única o principal a la falta de asistencia presencial a clases es un reduccionismo que no tiene sustento. Solamente los abordajes integrales podrán ser efectivos para encarar estos problemas.
Otro argumento esgrimido es la contradicción, al ver que adolescentes y jóvenes que no asisten a una educación presencial sí asisten a bares, fiestas y conciertos con la anuencia de sus padres y de las autoridades.
La respuesta más razonable a esta contradicción es la revisión de la norma en un momento crítico para todos y proponer opciones de subsistencia para este sector económico.
Se ha planteado también la necesidad de “socialización”. Subyacen en este planteamiento la angustia y frustración por la disrupción social de la pandemia y la atractiva idea de una normalidad posible.
Pero, la situación no es normal. Más bien, se procura una adaptación a los distintos momentos de la pandemia. Los protocolos preventivos funcionan para reducir la posibilidad de contagio, pero siempre bajo el principio de precaución que exige valorar el riesgo en todas las actividades, ámbitos y momentos.
Este esfuerzo social es colectivo e incluye a niños y adolescentes.
No hay que perder la perspectiva. La pandemia sigue y es intensa. La cuestión central sigue siendo reducir la cantidad de muertos y de hospitalizados, manteniendo de una forma posible la economía y la educación.
Las proyecciones señalan que para mayo se acumularán tres mil quinientos fallecidos por Covid-19 en Paraguay. Además, la cantidad de casos podría aumentar rápidamente con la introducción de variantes del virus.
En este escenario, los niños y adolescentes no sólo serán agentes de trasmisión como algunos creen, sino que también estarán expuestos a formas graves y muerte. Hasta el momento, los casos de 5 a 19 años representan el 8% del total y se ha reportado seis fallecidos. También hay cientos de casos niños y adolescentes hospitalizados por complicaciones relacionadas.
Para cada familia, estos casos no son un decimal de la estadística, sino todo lo que de verdad importa para ellos.
Por último, la decisión del retorno a clases bajo una modalidad u otra es una responsabilidad del gobierno nacional a través de sus instituciones competentes. No puede trasladarse esta responsabilidad a los ciudadanos como un acto voluntario opcional. Puesto que la cuestión predominante está en el ámbito sanitario, es el Ministerio de Salud el que debe adoptar todas las medidas necesarias en función a los criterios ya señalados reconociendo que la capacidad del sistema de salud está al límite e informando claramente a la población sobre los riesgos.
En mi opinión, por el momento, no hay ningún argumento suficiente para eliminar la última barrera de distanciamiento social a gran escala como medida de salud pública ante el Covid-19, limitando la movilización de dos millones de personas del sector educativo con un fin preventivo.-
