Hay unos 30 perdidos que deben ser autorizados. Mientras que también hay un proyecto de ley que fue sancionado y que obliga a Salud a incluir de manera urgente a las personas con discapacidad en el plan nacional de vacunación.
A pesar de que desde el Ministerio de Salud Pública habían anunciado acerca de que el plan de vacunación iba a iniciar con personas mucho más vulnerables a la enfermedad del coronavirus, hasta la fecha han vacunado a personas de la tercera edad, personal de blanco y otros, pero personas con otro tipo de comorbilidades aún siguen en espera recurriendo a amparos judiciales para acceder a la inmunización.
El último caso se dio a favor de Liz Varela, paciente conectada a un respirador artificial, contra el Ministerio de Salud. La mujer podrá vacunarse contra el Covid-19 en su domicilio en un plazo de 24 horas. Varela padece de Pompe, enfermedad considerada rara, con anomalía genética degenerativa que afecta y debilita pulmones, músculos y el corazón.
“Básicamente la resolución se basó en que la misma cartera sanitaria le ponía en una situación de estado de comorbilidad a la accionante en este caso Liz Varela. Asimismo, establecen que la misma presentaba un riesgo significativamente mayor de adquirir la forma grave de la enfermedad o incluso la muerte y esta es una circunstancia que estaba analizando podía haber pasado por alto”, explicó la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en contacto con la radio 1080 A.
Hay unos 40 pedidos, de los cuales se autorizó la vacunación de unos 10 pacientes y sólo falta resolver unos 30 pedidos más.
Ayer la Cámara de Senadores resolvió sancionar el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la inclusión con carácter de emergencia de las personas con discapacidad en el plan nacional de vacunación contra el Covid-19. La normativa pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tratamiento de la iniciativa se dio a pedido del senador Enrique Riera, quien tras solicitar una reconsideración de este punto, que ya había sido postergado por falta de dictamen. Riera pidió a sus colegas constituirse en Comisión para estudiar el proyecto.
Durante su alocución señaló que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), había solicitado tener en cuenta a las personas de entre 40 y 50 años que tengan enfermedades crónicas y con mayores riesgos, para que sean incluidas en el plan de vacunación. Asimismo, planteó que se apruebe el proyecto tal cual, porque si se modifica perderá el tratamiento de urgencia.
En otro momento, el legislador aclaró que la propuesta legislativa busca instar al Ministerio de Salud a autorizar, en coordinación con la Senadis, para dar prioridad a las personas que tienen discapacidad, porque son más vulnerables a contraer el coronavirus.
La senadora Desirée Masi indicó que le gustaría incluir a otras personas de grupos de riesgo. Sin embargo, el legislador Antonio Barrios lamentó que no se tenga certeza de la disponibilidad de vacunas, para poder inmunizar a todos los grupos de riesgo.
El liberal Eusebio Ramón Ayala instó a aprobar el proyecto de ley y convocar al ministro de Salud y al Procurador General, para den a conocer cuándo vamos a tener las vacunas anti-covid.
A su turno, la senadora Blanca Ovelar, expresó que no se debe olvidar a los otros grupos de riesgos y en ese sentido, recordó que, en Comisión de Educación, la cual preside, recibió a docentes del sector público y privado, quienes solicitan ser inmunizados para que puedan dar clases presenciales. Finalmente, se resolvió aprobar el proyecto sin modificaciones. La normativa fue presentada por el diputado nacional Hugo Capurro.
