El país cumple 75 días de cuarentena, una lucha ciudadana a la que sin embargo muchas autoridades y hoy ex representantes del estado no se han sumado. Esto debido a los casos de corrupción que han saltado a la luz en la últimas semanas y que solo han logrado perjudicar el esfuerzo de la sociedad.
Entre los hechos más delicados que salieron a la luz en este periodo de crisis está la compra de “tapabocas de oro” por parte de la Dinac que provocó la renuncia de Édgar Melgarejo. A esta situación le siguió el caso de Petropar con una compra sobrefacturada de tapabocas y botellas de agua tónica, por lo que debió irse Patricia Samudio y a los casos que aparecieron en Salud se sumó también el IPS con la compra de un costosísimo software en plena recesión por el Covid-19.
El Ministerio de Salud fue el gran protagonista de las críticas recientes por las compras de insumos que al final fueron rechazados, además de que el Gobierno Nacional ya había entregado G. 17.000 millones como adelanto por estos productos a los proveedores, a eso se agregó la renuncia de altos funcionarios y los rumores de que el propio Mazzoleni analizaba dimitir al cargo.
El Ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio, nombrado precisamente para combatir estos casos ante las irregularidades de los demás entes de control, en su cuenta de twitter explicó que apuntan a la implementación de métodos de compra que garanticen transparencia, libre concurrencia y mecanismos de trazabilidad, por ello recomendó al Ministerio de Salud algunas alternativas para la adquisición de insumos y equipos médicos.
La primera de estas fue la modalidad de Acuerdo Nacional, un procedimiento que se encuadra dentro de lo establecido por la ley 2051 03 de Contrataciones Públicas. El Estado podría adquirir bienes o servicios en gran cantidad con lo cual estaría habilitado a fijar unilateralmente el precio de los mismos, convocando a todos los productores o prestadores de servicios a que se presenten a proveer, en este sentido sería interesante llamar a gremios y de este modo impulsar la economía nacional.
El Ministro Giuzzio también destacó que la contratación por vía de la excepción constituye una excepción a la licitación como se dice en el artículo 33 de la ley antes mencionada: “Las convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de la licitación por concurso de ofertas”. Si bien es la modalidad más utilizada debido a la necesidad de ganar tiempo, recomendaron que sea la última opción para las compras.
Otras dos alternativas fueron la subasta a la baja electrónica y la tienda virtual. Con la primera se pueden adquirir bienes y servicios genéricos, así las partes subastadoras, oferentes participantes, entidades convocantes y la ciudadanía, pueden observar el proceso de compra en tiempo real (online) y asegurar la transparencia teniendo en cuenta que no se conocería la identidad de los postores que están participando. Al finalizar la subasta, el sistema genera el Acta, que sí representa una auditoría de todas las etapas por las cuales se desarrolló el proceso de compra.
Por último la tienda virtual permite a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) administrar un portal a través del cual se realizarían transacciones entre compradores y vendedores, evitando que el Ministerio de Salud deba organizar procesos licitatorios para la compra de productos estandarizados como mascarillas. Este mecanismo ahorraría tiempo, costos e impulsaría a pequeñas empresas.
Cabe destacar que la Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC) encabeza por Arnaldo Giuzzio, también encontró una serie de irregularidades en los insumos médicos proveídos por Imedic SA y Eurotec SA, ambas empresas de Justo Ferreira.
La primera irregularidad fueron las mascarillas KN95 que llegaron en cajas sin marcas pero al momento de que el proveedor las entregó en el parque sanitario, estaban en otras cajas con la marca HK.
La segunda irregularidad consistió en que los trajes de protección biológica no contaban con registro sanitario y la tercera consistió en que los protectores faciales llegaron y fueron entregados sin marca. Mientras que en el contrato se establecía que debían ser HK como las mascarillas KN95.
Guizzio señaló también, al término de su informe, que la empresa no entregó las camas ni los protectores oculares establecidos en el contrato.
