Ayer en horas de la mañana, Camilo Benítez, contralor general de la República, participó de la reunión de mesa directiva del Senado.
Esto, para dar detalles sobre el proceso de auditoría que le fue encomendada para desarrollar en las binacionales.
Al término, en conferencia de prensa, el contralor informó que resolvieron realizar una auditoría financiera y de cumplimiento de ambas binacionales margen derecho. Sin embargo, están encontrando cierta resistencia por parte de los directores de las binacionales.
“Itaipú negó la competencia de Contraloría para hacer la auditoría. Mientras que la EBY prometió remitir documentos pero aún no lo hicieron”, señaló.
Resaltó que debido a la negativa de ambas entidades, solicitarán una medida cautelar amparados en el artículo 20 de su ley orgánica.
“Como consecuencia de la negativa de ambas entidades, una de forma oficial y la otra de forma tácita, solicitaremos al órgano jurisdiccional para que provean de estas informaciones”, señaló.
Señaló que Itaipú respondió que la auditoría de la Contraloría iría contra el Tratado. Alegan que dicho ente público no tiene competenciapara auditar a la binacional porque sería una violación al tratado.
“Nosotros respondemos que la competencia nuestra es constitucional. Y la Constitución Nacional está por sobre el tratado”, respondió. En otras palabras, Itaipú por nota firmada de su director,
Manuel María Cáceres, alega que no enviarán ningún documento porque el pedido de Contraloría atenta contra lo establecido por el tratado con el Brasil.
EBY CEDE ANTE CGR EN PLAZO FENECIDO
Finalmente, el asesor jurídico de la EBY, Juan Carlos Duarte, entregó ayer los documentos requeridos por la Contraloría, en el marco de la auditoría de los gastos socioambientales.
Asimismo, aseguró que en la medida que la Contraloría vaya solicitando la documentación irán proveyendo.
“En ningún momento dijimos que no íbamos a entregar, sino que primero debíamos consultar con el lado argentino. La respuesta de los argentinos enviamos al Contralor y le dijimos que nosotros estábamos abiertos a trabajar en la transparencia”, comunicó a la prensa Duarte.
REACCIONES EN EL SENADO
Mientras tanto, en la Cámara Alta, hay muchas posturas respecto a esta situación.
Algunos legisladores están a favor de que las binacionales deben “abrir sus puertas” a la Contraloría.
El legislador Enrique Bacchetta, refirió que tanto Itaipú como Yacyretá están en la obligación de permitir dicha auditoría, porque si no lo hacen, el único responsable “sería Mario Abdo Benítez”.
Sin embargo, para Silvio Ovelar a su criterio la entrada de la Contraloría a las Binacionales debería ser dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.El Senado encomendó a Contraloría auditar a las binacionales el pasado 29 de abril. Le dio un plazo de 60 días para entregar los informes. Para Benítez, este plazo es relativamente corto para una auditoría financiera. Sin embargo, harán lo posible para cumplir la tarea.
“Tenemos esperanzas que el juez de primera instancia ordene a los directores de las binacionales que entreguen los documentos. Si luego se vuelven a negar acudiremos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, manifestó.
La Constitución Nacional establece que Contraloría tiene competencia para fiscalizar las cuentas nacionales donde el Estado tenga algún tipo de patrimonio.
SANTA CRUZ
Pedro Santacruz, senador nacional por el PDP, señaló que estos recursos deben ser destinados al PGN.
“Sabemos bien que ese dinero va para los amigos políticos. Las binacionales deben abocarse a los fines para los cuales fueron creados que es la producción de energía.
Por lo tanto ese dinero debe ir al PGN para ayudar a salud y educación”, señaló.
Lamentó que esos recursos históricamente son utilizados para beneficio de los amigos proveedores con contratos millonarios sin ningún control.
Para el legislador esos US$ 150 millones que generan las dos binacionales en concepto de fondos socio ambientales deben ir destinados a Salud. Esto debido a que el PGN solo establece US$ 900 millones al año.
Sin embargo, se requiere US$ 2000 millones para paliar las mínimas necesidades. “En el país existen 2 millones de pobres. No puede ser que la clase pobre y media deban recurrir a polladas ante las precariedades del sistema sanitario. “, sostuvo.
