La Sala Constitucional de la Corte admitió una acción que presentó el ex vicepresidente, Hugo Velázquez, contra la ley que modifica el Código de Organización Judicial. Además, suspendió los efectos de la ley por lo que la Contraloría General de la República no podrá auditar su gestión e irá al Tribunal de Cuentas.
Los ministros César Diésel y Víctor Ríos votaron a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por el ex vicepresidente, Hugo Velázquez.
Mientras que, el ministro Gustavo Santander votó por el rechazo argumentando que la demanda no completa con los requisitos del artículo 553 del Código Procesal Civil.
Cabe destacar que la Ley 2248/2003 “Que modifica el artículo 30 de la Ley 879/81, Código de Organización Judicial”, propone eliminar las trabas que tenía la Contraloría para auditar las gestiones de las instituciones.
No obstante, al quedar sin efecto, Velázquez hará su rendición de cuentas de las ejecuciones presupuestarias ante el Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que las autoridades e instituciones recurren a esta acción para evitar el control por parte de la Contraloría, que es un órgano más técnico; entre ellas están la ex fiscala general Sandra Quiñónez y Sandra McLeod de Zacarías.
HUGO VELÁZQUEZ, “SIGNIFICATIVAMENTE CORRUPTO” PARA EE. UU
Cabe recordar que el pasado 12 de agosto de 2022, el embajador de los Estados Unidos de América en Paraguay, Marc Ostfield, informó que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció la designación pública del entonces vicepresidente de la República del Paraguay y precandidato presidencial Hugo Velázquez como “significativamente corrupto” y canceló su visa.
Luego de la designación como “significativamente corrupto” por los Estado Unidos, Velázquez renunció a la precandidatura presidencial y anunció la posibilidad de renunciar también a la Vicepresidencia de la República, sin embargo, completó el periodo de su mandato que finalizó el pasado 15 de agosto.
El 23 de marzo de este año, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una investigación penal contra Hugo Velázquez, como así también contra Horacio Cartes y Juan Carlos Duarte, declarados “significativamente corruptos”.
