Con 53 votos a favor la Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley “Que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el Covid– 19”. El documento se remitió al Poder Ejecutivo para su consideración. La próxima normativa establece agilizar la compra de dichas vacunas por parte del Gobierno paraguayo, para la inmunización gratuita de un porcentaje de la población.
La plenaria realizada ayer se constituyó en comisión, atendiendo a que no contaba con ningún dictamen. El debate fue amplio, donde varios legisladores expresaron en su mayoría de la importancia de aprobar cuanto antes la versión del Senado a fin de que el Ejecutivo pueda promulgar y acelerar el proceso de adquisición de las vacunas contra el coronavirus.
Uno de los puntos más controvertidos fue el pedido de aplazamiento del tema por parte del legislador Jorge Brítez, con el objetivo de aguardar un parecer del Comité Nacional de Bioética. La propuesta no corrió, pero de todas maneras el liberal de Alto Paraná votó en contra. “En mi caso no voy a votar en una violación más nomas. Dejo constancia de esto, de mi oposición clara, concreta y netamente de querer obligar de manera coercitiva punitiva, sancionatoria de la vacunación y me voy a oponer de quien sea”, señaló.
Antes de rechazar esta propuesta varios congresistas remarcaron que el país precisa con urgencia adquirir las vacunas por la ocupación de las camas y por la necesidad de que el país inicie nuevamente.
El colorado Basilio Núñez, habló de la preocupación que hay respecto a la ocupación en un 100% de las camas de terapia intensiva a menos de un año de la pandemia registrada en nuestro país. “La mayoría de las vacunas ya aprobadas tienen más de 90% de sensibilidad y de especificidad, o sea hay producción de anticuerpo pasados las tres semanas. Van a estar nomas la minoría de los antivacunas, los anti tapabocas y tiene un cierto sector que los escucha, pero no hay que enojarse solo hay que ver las estadísticas que tenemos actualmente en nuestro país, y preocuparnos por esto”, puntualizó.
Para la liberal Celeste Amarilla, el “Paraguay ya no aguanta la pandemia; la educación, el trabajo y el desarrollo económico deben volver”, significó. Igualmente, el diputado Raúl Latorre, recordó que la vacuna es voluntaria y que nuestro país sólo cuenta con dos alternativas para retomar el curso a la normalidad: “Inmunizar a un porcentaje de la población” o “permitir el contagio elevado para generar una inmunización temporal masiva, lo que podría acarrear la perdida de vida de muchos compatriotas y el colapso total del sistema sanitario”.
También durante el debate fue cuestionado las cláusulas contractuales requeridas por los laboratorios fabricantes de la vacuna contra el Covid-19. Sobre este punto, la diputada Kattya González explicó que entre los requerimientos figuran temas como la prórroga de jurisdicción, la aplicación de leyes extranjeras con relación a la adquisición, indemnidad patrimonial, exención de responsabilidad por efectos adversos y confidencialidad de los contratos.
“Las empresas farmacéuticas encargadas hoy de la distribución y de las ventas están queriendo asumir el mínimo de riesgos posibles (…), son básicamente contratos de adhesión que si quieres adquirir de nosotros tienes que ceñirte a esto y si no quieres te jodes”, concluyó.
LO QUE HAY
QUE SABER
El texto aprobado involucra a la Procuraduría General de la República (PGR) en los procesos de negociación a fin de precautelar los intereses genuinos de la Patria; a la Contraloría General de la República (CGR), para su estudio y dictamen correspondiente del contrato, y la remisión de los antecedentes a las comisiones de Salud de ambas cámaras del Congreso Nacional.
En síntesis, esta disposición facultará al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a suscribir contratos con los laboratorios que cuentan con vacunas autorizadas en carácter de emergencia, pudiendo incluir cláusulas de aplicación de ley extranjera, prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial, exención de responsabilidad por efectos adversos y confidencialidad, con el único objetivo de acceder a la cantidad suficiente de dosis de la vacuna para su utilización contra el coronavirus en el menor plazo posible y así proteger la salud de la población.
