Los agentes fiscales Yeimi Adle y Silvio Corneta lograron una condena de 3 años y seis meses de pena privativa de libertad para el extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Luis Ortigoza, tras ser hallado culpable en un juicio oral y público por la comisión del hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que, en diciembre de 2012, Ortigoza adjudicó de manera irregular un inmueble de aproximadamente siete hectáreas a cinco personas. Estas tierras pertenecían, en realidad, a una porción del Refugio Biológico de Mbaracayú, propiedad de la Itaipú Binacional.
Las investigaciones confirmaron que los beneficiarios no eran sujetos de la reforma agraria, situación que fue falsamente consignada en los certificados de adjudicación. Asimismo, se comprobó que nunca se realizaron los trámites relacionados con los dictámenes favorables de la asesoría jurídica del ente agrario, pese a que figuraban en el expediente.
En sus alegatos finales, los fiscales señalaron que la conducta de Ortigoza reunió los elementos objetivos y subjetivos del delito, ya que se desempeñaba como titular del Indert y realizó actos destinados a obtener un beneficio patrimonial indebido para terceros. Esto se evidenció en declaraciones falsas plasmadas en las resoluciones de adjudicación, que causaron un perjuicio patrimonial en el expediente de David Chamorro y constituyeron una tentativa en los otros cuatro expedientes cuyos títulos no pudieron inscribirse.
El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Natalia Cacavelos, Cristian González y Darío Báez, dictó un fallo no unánime y condenó a Ortigoza a 3 años y seis meses de prisión. Báez votó en disidencia, argumentando que la causa ya estaba prescripta y que las pesquisas no probaron la comisión del hecho punible investigado.
