En su primer día como ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio ya adelantaba que iban a levantar el funcionamiento de las barreras policiales, donde con frecuencia ocurrían aprietes a ciudadanos, tengan o no cuentas pendientes con la Justicia. Pero ahora está lo otro, cuando los mismos uniformados salen a cazar a sus víctimas para hacerse con el dinero y amenazas de muerte.
El fiscal Federico Delfino, acompañado de policías del Departamento Antisecuestro, allanó el pasado jueves la sede del Departamento de Investigaciones de Central, conocida popularmente como Brigada Central. Se procedió a la detención de tres agentes del orden público, el subcomisario Víctor José Luis Velázquez Vera (38), su pareja la oficial primero Liz Marlene González Belotto (36) y el oficial ayudante Juan Javier Arévalos Sosa (25).
Los mencionados fueron detenidos luego de que una pareja, Mirtha Isabel Torres Alfonso, de 50 años y su pareja Osvaldo Ramón Peralta Acosta, de 25 años, hayan recurrido al Ministerio del Interior a denunciar que fueron víctimas de extorsión y privación ilegítima de libertad.
Estos agentes, quienes actuaron por fuera de la Ley que ellos mismos deben ayudar a que se cumplan, reflejan las viejas costumbres de la Policía de Stroessner, y cuya caída del régimen recordamos hace unos días. Estas prácticas frecuentes no hacen más que dañar nuestro proceso de libertades y el Estado de Derecho.
Giuzzio comentó además que las víctimas en su denuncia relataron que los uniformados de la Brigada Central le mencionaron a él, indicando que parte de ese dinero era para el ministro del Interior.
DETALLES
Giuzzio dio detalles de lo ocurrido, en base a la denuncia, donde se menciona que la mujer y su pareja fueron detenidos por los policías y llevados hasta la sede de la Brigada Central, donde permanecieron por tres horas para que los policías, luego de cobrar G. 50 millones, dejaran en libertad a la mujer con orden de captura y a su pareja.
El 3 de febrero justamente la pareja fue abordada por los policías en la vía pública, frente a una escribanía ubicada sobre las calles 11 de septiembre y Juan de Leopardi, de la ciudad de Fernando de la Mora, según detalles brindados por la Fiscalía.
Cuando Mirtha Torres bajó del vehículo fue alcanzada por Arévalos y Velázquez, quienes la esposaron y la alzaron a otro rodado, allí estaba la oficial González. Luego también forzaron a Osvaldo Peralta para detenerlo, esposando y llevándolo al mismo móvil donde estaba su pareja.
Según el informe del Ministerio Público, se dirigieron a la Brigada de San Lorenzo y en todo el trayecto la pareja fue amenazada con arma de fuego. Una vez en el lugar, les exigían la suma de G. 50 millones, y en caso de no conseguirlo, le amenazaron con perjudicarles en gran manera.
Los uniformados se aprovecharon de que la mujer tenía orden de captura por estafa para sacarle dinero.
“Ese tipo de personas (con órdenes de captura) es precisamente la clase de víctima ideal, por eso es aún más grave lo que hicieron, porque tuvieron que haber cumplido con su trabajo, y por el contrario se beneficiaron de un hecho punible. El tema es muy grave, en este caso es una persona buscada por estafa, pero qué pasa si hubiese sido un asesino o una persona buscada del EPP”, dijo el ministro Giuzzio.
MAFIOSOS
Pero no todo termina con la liberación tras haber cobrado el dinero, pues el mismo ministro del Interior comentó que cuando las personas estaban en la sede del ministerio realizando la denuncia recibieron una llamada amenazante.
“Cuando estábamos en plena recepción de la denuncia, los denunciantes reciben otra llamada donde les dicen que si no hacían la denuncia les iban a devolver el dinero, caso contrario les iban a matar. Esa fue la expresión del que le llamó, y obviamente los denunciantes estaban sumamente aterrados”, comentó Giuzzio a 1080 AM.
El ministro indicó que luego de la denuncia, se dio intervención en el caso a la Comandancia de la Policía Nacional y al Ministerio Público, que derivó en la detención de los tres agentes policiales de Investigaciones de Central.
COMBATIR LA PRÁCTICA
Arnaldo Giuzzio dijo que este tipo de prácticas no son nuevas, y que están trabajando conjuntamente con el comandante Francisco Resquín para acabar con la cultura del apriete.
“El hecho no es nuevo, obviamente, pero forma parte de una práctica que con el comandante tenemos que desterrar. Valoramos la denuncia, porque eso es interesante ya que veo con otra perspectiva, veo que hay una confianza para denunciar y eso es importante porque en la medida que haya denuncias vamos a poder obrar en consecuencia”, remarcó el jefe de la cartera de Estado.
Por último, el ministro también destacó el compromiso de la Policía Nacional como institución, ya que la reacción fue inmediata para detener a sus propios compañeros de trabajo.
Luego del escándalo, el comandante Resquín ordenó también el cambio del jefe de la Brigada Central donde fue nombrado como nuevo encargado el comisario principal Ignacio Muñoz en reemplazo del comisario principal Feliciano Martínez.
PROCESADOS
El agente fiscal Federico Delfino procesó al subcomisario Víctor José Luis Velázquez Vera (38), a la oficial primero Liz Marlene González Belotto (36) y al oficial ayudante Juan Javier Arévalos Sosa (25), quienes están detenidos en la Agrupación Especializada.
Los agentes policiales fueron imputados por los hechos punibles de privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, cohecho pasivo agravado y realización del hecho por funcionario.
La denunciante Mirtha Torres también quedó a disposición del Ministerio Público para responder por el hecho punible de estafa que hay en su contra.
