Un boletín de CDIA expone desigualdades en uniones tempranas, violencia sexual y pobreza, y plantea reformas para proteger derechos.
Unas 5.625 adolescentes mujeres de entre 15 y 17 años se encontraban en uniones tempranas en Paraguay durante 2025, según estimaciones de CDIA Observa basadas en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato forma parte de un nuevo boletín que advierte sobre desigualdades de género y plantea cambios legales para fortalecer la protección de niñas y adolescentes.
El Boletín Estadístico del Día Internacional de la Niña 2026, elaborado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), reúne indicadores sobre matrimonios y uniones tempranas, violencia sexual, pobreza y trabajo doméstico. Su publicación, en el marco de la conmemoración del 11 de octubre, busca aportar evidencia para orientar las políticas públicas dirigidas a niñas y adolescentes mujeres.
¿Qué revelan las cifras sobre las uniones tempranas en Paraguay?
De acuerdo con las estimaciones de CDIA Observa, durante 2025 unas 6.111 personas de entre 15 y 17 años se encontraban en uniones tempranas. De ese total, 5.625 eran mujeres y 486 varones, una distribución que muestra una marcada diferencia de género.
Las adolescentes mujeres representaban aproximadamente el 92% de los casos estimados para esa franja etaria. La organización advierte que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) pueden limitar la continuidad educativa, la autonomía y las oportunidades de desarrollo de las niñas y adolescentes.
Sin embargo, los datos no permiten establecer la magnitud total del fenómeno. La EPHC 2025 excluye de su cobertura a Boquerón, Alto Paraguay y las comunidades indígenas, por lo que sus resultados no representan a toda la población nacional. Esta limitación debe considerarse al interpretar las estimaciones.
¿Por qué existen diferencias entre los registros de matrimonios y uniones?
El boletín también identifica diferencias entre las estimaciones de las encuestas de hogares y los resultados censales. El Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, realizado por el INE, registró 13.824 niñas, niños y adolescentes desde los 11 años en matrimonios o uniones tempranas, mientras que la EPHC del mismo año estimó 6.926 casos.
La diferencia muestra la importancia de considerar las metodologías y coberturas de cada instrumento estadístico. Los resultados de ambas fuentes no deben interpretarse como mediciones directamente equivalentes, aunque permiten dimensionar la problemática desde distintos enfoques.
Otro dato señalado por la organización es que la EPHC 2025 no registró casos estimados de matrimonios legales en la población analizada, a diferencia de 2024, cuando la estimación alcanzaba 745 casos. La CDIA aclara que esta variación podría relacionarse con cambios en el registro del estado civil y no necesariamente con una reducción efectiva de estas prácticas.
¿Qué cambios legales propone CDIA para proteger a las adolescentes?
Uno de los principales planteamientos del boletín es eliminar las excepciones legales que permiten el matrimonio antes de los 18 años. La organización solicita modificar el marco establecido por la Ley N.º 5419/2015, con el objetivo de fijar una edad mínima sin excepciones.
La propuesta busca reforzar las garantías de protección frente a los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas. Para la CDIA, las disposiciones legales deben acompañarse de medidas preventivas, mecanismos de detección y servicios que permitan atender situaciones de vulneración de derechos.
El documento también recuerda que Paraguay asumió un compromiso relacionado con la eliminación de estas excepciones en su respuesta al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. El seguimiento de ese compromiso constituye un elemento relevante para evaluar los avances del país en materia de protección de derechos y cumplimiento de recomendaciones internacionales.
¿Cuántas niñas y adolescentes fueron reportadas como víctimas de abuso sexual?
Las uniones tempranas no constituyen el único indicador de desigualdad recogido en el boletín. Según información del Ministerio Público correspondiente a 2025, proporcionada en 2026 y procesada por CDIA Observa, al menos 2.804 niñas y adolescentes mujeres fueron reportadas como víctimas de abuso sexual.
En el mismo periodo se reportaron 582 niños y adolescentes varones. Estas cifras muestran una mayor presencia de víctimas mujeres en los registros considerados, aunque deben interpretarse dentro del alcance de la información institucional disponible.
Los datos refuerzan la necesidad de políticas de prevención, mecanismos accesibles de denuncia y servicios especializados de atención. También plantean desafíos para la articulación entre el sistema educativo, los servicios de salud, las instituciones de protección y el sistema de justicia.
¿Cómo afectan la pobreza y el trabajo doméstico a las niñas?
La desigualdad económica constituye otra dimensión del informe. Según la EPHC 2025, el 25,4% de las niñas y adolescentes mujeres vivía en hogares situados por debajo de la línea de pobreza monetaria. En las zonas rurales, la proporción ascendía al 29,3%.
Estas condiciones pueden generar mayores obstáculos para el acceso y la permanencia en el sistema educativo, así como para el ejercicio de otros derechos. La situación adquiere especial relevancia cuando se combina con responsabilidades domésticas, limitaciones económicas y dificultades para acceder a servicios públicos.
En materia laboral, el boletín estima que 7.545 niñas y adolescentes mujeres de entre 10 y 17 años se encontraban en la categoría ocupacional de trabajo doméstico, frente a 638 varones. La Ley N.º 5407/2015 prohíbe el trabajo doméstico de personas menores de 18 años, por lo que estas estimaciones plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de prevención y fiscalización.
La CDIA también señala la necesidad de erradicar el criadazgo, una práctica que puede involucrar situaciones de explotación y vulneración de derechos. Para abordar estas realidades, la organización propone fortalecer las medidas de protección social y las respuestas institucionales dirigidas a niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.
¿Qué relación existe entre el cambio climático y los derechos de las niñas?
El boletín incorpora además una dimensión ambiental al análisis de las desigualdades. La CDIA advierte que los efectos de la crisis climática no se distribuyen de manera uniforme y pueden agravar las condiciones de vulnerabilidad de niñas y adolescentes mujeres.
El documento menciona el fenómeno climático de El Niño como parte del contexto que obliga a considerar los riesgos ambientales en las políticas de protección. Las consecuencias de los eventos climáticos pueden afectar el acceso a servicios, las condiciones de vida y la continuidad de actividades esenciales, especialmente en comunidades con menores recursos.
Desde esta perspectiva, la organización plantea la importancia de incorporar las necesidades y experiencias de niñas y adolescentes en las respuestas institucionales frente a la crisis climática, tanto en las acciones de prevención como en las estrategias de adaptación.
¿Qué medidas necesita Paraguay para garantizar los derechos de las niñas?
En el marco del Día Internacional de la Niña, la CDIA plantea que las respuestas estatales deben superar las intervenciones aisladas y avanzar hacia políticas sostenidas de prevención, protección y garantía de derechos.
Entre sus principales recomendaciones figuran la eliminación de las excepciones al matrimonio antes de los 18 años, el acceso a una educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica, la erradicación del criadazgo y la asignación de recursos suficientes para prevenir y atender las distintas formas de violencia.
La organización también destaca la necesidad de garantizar espacios de participación para que las niñas y adolescentes mujeres puedan expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones que afectan sus vidas.
El Boletín Estadístico del Día Internacional de la Niña 2026 presenta así un conjunto de indicadores que permiten identificar desigualdades persistentes y áreas prioritarias de intervención pública. Su utilidad dependerá también de la capacidad de las instituciones para transformar estos diagnósticos en medidas concretas, con recursos, seguimiento y resultados verificables.
