La Cámara de Diputados definirá la otra semana el proyecto “que establece el régimen de sanciones en el Sistema de Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción”.
El documento fue ratificado en su versión inicial por el Senado el martes pasado. Con esto los castigos para los transportistas que incurran a reguladas serán castigadas penalmente. Y no solo con sanciones económicas como modificaron los diputados cuando tuvieron la oportunidad de analizar el proyecto.
La bancada colorada jugará un papel clave para el destino de la iniciativa. Se necesitan 41 fotos para ratificar las modificaciones, y los colorados juntos ya suman 43 votos.
Walter Harms, diputado nacional por el partido Colorado, expresó que desconoce cómo será el comportamiento de la Cámara Alta sobre el punto. Comentó que, en su bancada, socializan los proyectos recién a medida que estén en el Orden del Día de la semana.
“Esta semana más nos dedicamos a las auditorías de las binacionales y otros temas. El tema transporte no se tocó de vuelta. Habitualmente tiene que surgir nuestra posición luego de un debate”, expresó.
Para el legislador el sector transporte es uno de los más beneficiados por el Estado. Principalmente las del área metropolitana. Ya que estas crean una inequidad con respecto a las empresas del interior.
“Reciben muchos beneficios en concepto de subsidios por usuarios supuestamente pero que son beneficios para estas empresas. Entonces ante la presión y extorsión de estas empresas hay que ponerles un límite”, explicó.
Con relación justamente a los castigos para estos empresarios que incumplan con lo acordado, dijo que los castigos pecunarios serían lo ideal.
“Yo creo que los castigos deben ser pecuniarios (multas económicas). Muy difícil de una cuestión administrativa como son las reguladas pasar a un castigo penal. Es un incumplimiento de un compromiso asumido en el momento de la asignación del itinerario”, explicó.
Destacó que incluso no descarta que el proyecto en cuestión sea inconstitucional. Ya que no se puede castigar penalmente a una infracción administrativa. Dijo que esta es su opinión a priori antes de analizarlo con un debate.
CONTEXTO
El pasado jueves 18 de marzo, la Cámara de Senadores aprobó una ley que establece sanciones al sector transportista que incurre a reguladas.
Las sanciones establecidas por la Cámara Alta consistían en cancelar las licencias de las empresas que no regularicen la salida de sus flotas. También contemplaba que sus propietarios sean procesados por coacción y perturbación de servicios públicos. Y como si esto fuera poco, también se les prohíbe participar por 10 años de la licitación de itinerarios.
En la actualidad, las únicas sanciones establecidas son de G. 4 millones para cada empresa que realice reguladas.
DIPUTADOS
Tres semanas después, el miércoles 7 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 35 votos modificaciones al proyecto de ley original aprobado por el Senado.
Las modificaciones consistieron en primer lugar en la división de las sanciones. Es decir, califica a las infracciones entre leves, graves y gravísimas. Con esta tipología se establecen los castigos.
Las faltas leves son el exceso de velocidad, el maltrato al pasajero, falta de limpieza de las unidades, utilizar teléfonos celulares durante la conducción y circular en buses en mal estado.
El castigo para estas infracciones es de uno a cinco salarios mínimos (G. 2,2 millones a G. 11 millones).
Las faltas graves son alzar pasajeros en lugares que no son paradas, no respetar la tarifa establecida, circular fuera del itinerario y circular sin seguros de pasajeros y contra terceros. El castigo para esto será de seis a diez salarios mínimos (G 13,2 millones a G. 22 millones).
Mientras que las faltas gravísimas son la realización de reguladas, no alzar pasajeros con discapacidad, circular con unidades no habilitadas y circular sin inspección técnica vehicular.
El castigo para estas infracciones será entre 11 a 20 salarios mínimos (G. 24,2 millones a 44 millones) o la pérdida de la licencia por 10 años.
Con estos cambios, las penas legales establecidas para los transportistas quedaron eliminadas.
