Ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos, en la oficina de denuncias penales, este jueves 15 de septiembre la Distribuidora de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar) y la Cámara Distribuidora Paraguaya de Combustible (Cadicap) presentaron una denuncia por graves irregularidades en el manejo administrativo de Petropar.
La denuncia presentada hace mención a la comisión de hechos punibles como lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos y otros por parte del propio presidente de Petropar, Denis Lichi y otros miembros del directorio.
El escrito presentado cuenta con 14 fojas donde se indica, entre otros puntos, que no existe un control sobre la inversión realizada por parte de Petropar. A esta situación, que se ve como perjudicial para la petrolera estatal, se da el hecho de que la cesión de márgenes como distribuidora se otorgan de acuerdo a la «cara del cliente», de forma discrecional sin un criterio uniforme que cuantifique a todos por igual.
“La petrolera estatal no es una empresa privada, es pública y, como tal, su patrimonio es del Estado y de los ciudadanos paraguayos. Ante esta situación consideramos que si Petropar pierde dinero, el erario público es afectado», explicó el abogado José Almada.
La denuncia es presentada tras la confirmación de numerosas irregularidades en el actuar del presidente de Petropar, miembros y directores, en especial con los contratos de la petrolera estatal como distribuidora y con el relacionamiento con algunos operadores particulares de combustible.
La acusación nace ya que existe una situación que debe ser investigada por el Ministerio Público con relación a la cesión de márgenes discrecionales y ganancias a ciertos operadores de estación de servicios, muchos de ellos políticos y/o parientes de políticos.
Desde la Dicapar y Cadicap se considera que Petropar no puede beneficiar a un solo sector, debido a que se trata de una distribuidora estatal y no puede ser manejada de forma discrecional favoreciendo a unos pocos y causando un perjuicio patrimonial multimillonario al Estado
