Los legisladores siguen planteando normas, tratando de ubicarse en el espectro de atención de la gente. Enrique Riera ha planteado leyes más duras para los que cierran rutas y puentes, cuando la propia Constitución ya garantiza lo mismo y hay un Código Penal que sanciona a aquellos que lo hagan.
El problema no es con la norma, es con aquellos que deben aplicarla, y en ese sentido, la policía recibe referencias desde el poder político, diciendo que no repriman por los costos que esto podría tener para desgobierno.
En este país, donde las manifestaciones han tumbado ya a varios presidentes, el primer mandatario teme mucho de que una represión termine en unos cuantos muertos que agraven su poca dación hacia el trabajo y fundamentalmente terminen por desalojar del poder.
Por eso se cuidan muchísimo para situaciones como éstas, y la policía se ve continuamente a tener que negociar, a mirar a un costado o simplemente a no cumplir las órdenes que le vienen de arriba.
Tampoco existe para ellos ninguna garantía de que si lo hacen, se le considerará como alguien que hizo lo que mande la norma. En Paraguay, nuestra discusión sobre el carácter de las normas del mandato constitucional es todavía muy distante de la comprensión ciudadana, y mucho menos del poder que se considera por encima de la ley y encima de la Constitución, que capaz incluso de desatar una cuasi guerra civil buscando la reelección presidencial.
Mientras no aprendamos ese proceso, todavía seguiremos creyendo que haciendo más normas no volveremos más ajustados al derecho.
