Hace exactamente dos semanas el Grupo Las Tacuaras, para su industria Nutrihuevos, enfrenta una situación que pone en peligro la inversión en el complejo avícola ubicado en la ciudad de Villeta.
Un grupo de 400 pobladores que provienen de otros puntos del país ocuparon un terreno de 11 hectáreas que linda con la planta, situación que podría afectar a la bioseguridad de las personas. La compañía propone al Gobierno medidas que beneficien a todos.
“Nosotros desde hace 12 años atrás que estamos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social para darle una solución definitiva a esto. Al principio nos dijeron que el Estado no puede vender tierra al sector privado y que no hay un antecedente así. Entonces encontramos una figura legal que es la permuta en la que sí hay muchos casos”, mencionó Gustavo Koo, director general de las Tacuaras.
El empresario comentó que todo iba bien encaminado y solo faltó un paso para concretar la negociación que llevó casi 12 años cuando ocuparon el lugar. Según la postura del Ministerio de Desarrollo Social, la ocupación se debió a las presiones aunque dijeron que tampoco autorizaron el ingreso, por lo que el procedimiento se dio de forma ilegal.
“Nosotros no estamos en desacuerdo a que las familias puedan tener oportunidad al acceso a tierras, de hecho que es el rol del Ministerio, pero no es un lugar digno porque no tienen ningún servicio básico”, refirió el empresario.
Expresó su preocupación por el lugar escogido por los pobladores para asentar sus viviendas, puesto que residir en una zona industrial podría afectar la calidad de vida y representar un riesgo para la producción sostenible que viene desarrollando la industria hace 25 años.
“Ofrecimos al Ministerio un inmueble en una zona urbana y a cambio recibir del ente un inmueble ubicado en zona industrial (terreno aledaño a nuestro Complejo Avícola). De esta forma, queremos contribuir en la formación de ciudades planificadas, que cuenten con un ordenamiento territorial”, aseveró.
Por su parte, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) dijo que como gremio identifican dos problemas fundamentales: la total desconexión de los programas gubernamentales entre sí y la falta de una adecuada protección a la inversión industrial.
“A esta altura en que nos encontramos, ante la evidencia de que solo con empleo formal reduciremos la pobreza, la inversión industrial debería ser protegida y alentada. Consideramos inadmisible que el Gobierno permita y hasta aliente la instalación de un asentamiento en una zona donde la bioseguridad para el tratamiento de alimentos es fundamental”, dijo Duarte.
A la vez, exhortó al Gobierno a que sus ministerios trabajen de manera coordinada para el avance de un objetivo y no menoscabe a otro. Raúl Gauto, líder en desarrollo sostenible, expresó que la ocupación del terreno aledaño a Las Tacuaras es una amenaza seria a la producción nacional y al empleo de cientos de trabajadores formales de la firma.
“La falta de una planificación urbana, que respete el área dedicada a las industrias, en el Municipio de Villeta, amenaza a la economía nacional en un rubro esencial, como es la alimentación. Y es una forma de alentar el clientelismo político coyuntural en lugar de buscar soluciones dignas y sostenibles para la gente”, añadió Gauto.
