Por Benjamín Fernández Bogado
La llevada reforma del Estado nunca tuvo vocación ni voluntad de llevarse adelante. El haber escogido al vicepresidente Hugo Velásquez para llevar adelante la tarea demostró con claridad que no había ninguna intención de cambiar absolutamente nada. Además, el Estado tiene un grave problema. Más de 100 mil de sus funcionarios no cobran el salario completo o no cobran ningún salario porque tienen deudas acumuladas con la asociación de empleados, con las cooperativas, porque tienen que enfrentar juicios de prestación de alimentos y otras cuestiones más que tienen como razón del porqué casi un tercio de los empleados públicos paraguayos está en bancarrota. Esta es una situación grave que viene ocurriendo desde hace varios años.
Uno de los sectores más fuertemente golpeados por esto es el sector docente. Gran parte de los 90 mil maestros empadronados en el sistema tienen problemas graves a nivel financiero y hace muy poco tiempo el gobierno decidió, a través de una mayoría en el Congreso, rechazar la posibilidad de educar financieramente al pueblo paraguayo desde sus inicios de escolarización.
El paraguayo en general es muy mal administrador y casi en la mayoría de los casos hay personas que van endeudándose para seguir pagando otras deudas. El Estado, que no es otra cosa que el reflejo de los ciudadanos, hace lo mismo. Y lo que tenemos en esta circunstancia es que hoy no se pueden echar los 200.000 empleados públicos que requiere esta reforma del Estado auténtica y real, porque si se los echa colapsará todo el sistema financiero y económico que vive hoy del salario que estos funcionarios reciben, pero que sin embargo, no pueden destinar a otra cosa que no sea el de pagar sus deudas.
