POR: BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO
UN NUEVO INTENTO VIOLATORIO
A la Constitución, a la que le han puesto un feriado nacional a partir del próximo año, sin embargo, no se la cuida ni se la respeta como se debiera. Ahora el presidente del Congreso, que ha sido reelecto de forma sucesiva hasta el final del periodo legislativo, en una anomalía claramente evidente, plantea que una ley puede reglamentar lo que dice y manda la Constitución en torno a los senadores vitalicios, que cuando terminan sus mandatos y no son echados vía juicio político, como el caso de Lugo, tienen esa distinción que le otorga la República de estar sentados en el Senado, teniendo voz pero no voto.
Ya intentaron anteriormente dos presidentes violar la Constitución, Nicanor Duarte Frutos y Cartes; sin embargo, con graves desobediencias en decisiones tomadas tanto por el Tribunal Electoral como también por la propia Corte Suprema de Justicia, lo que ha confundido a varios sectores. La Constitución, en ese artículo, es bastante clara. Los senadores vitalicios ya están destinados para ese propósito, que desde ese lugar debería alumbrar con sabiduría la gestión legislativa.
No, ahora pretenden que los mismos sean senadores activos, con voz, con voto, que puedan estar en la lista y que puedan incluso llegar a presidir el Congreso, con lo cual podrían estar en la línea de sucesión presidencial. Conociendo al Paraguay como lo conozco, este es el camino para una cuestión de decir: ya que no nos permiten a los expresidentes ser reelectos, vamos a ir por el camino de la senaduría activa, vamos a ser presidentes del Congreso, vamos a echar al presidente y al vice y vamos a asumir nosotros de nuevo con esta triquiñuela jurídica. Así no se trabaja en democracia, así no se vive en democracia.
Hay que respetar las normas, incluso aquellas que no nos benefician, porque ese es el mejor símbolo de respeto a la democracia y a su Constitución.
UN SERVICIO PÉSIMO
Los choferes están de huelga; habían decidido no ir a trabajar por dos días debido a que no han encontrado acuerdo con el sector oficial.
Los transportistas están también bastante enojados con una ley que dicen que no les favorece, que va a terminar con el negocio de ellos, y los usuarios, que deberían ser el objeto y el trabajo orientado a la propia producción; sin embargo, han decidido utilizar motos y chileré para moverse, ya que no confían en la calidad del servicio público. Toda esta situación rodea a un problema que tiene varios años y que ya ha costado mucho dinero al contribuyente a través de los llamados subsidios, con lo cual cada uno de nosotros pagábamos la mitad de lo que cuesta el servicio, según los transportistas. Eso no hizo que se mejorara.
Hubo un presidente, Cartes, que compró con nuestro dinero decenas de unidades de transporte público a los empresarios privados, con una cantidad enorme de recursos, y tampoco resolvió. Quiso hacer el Metrobús y también fracasó. No terminamos los del área metropolitana en lograr un sistema que funcione para la gente, ya sea de índole privada, de índole pública, mixto, municipal; pero lo concreto y serio detrás de todo esto es que no se puede seguir humillando a niveles de indignidad a la población que sostiene y que merece un buen servicio de transporte público.
UNA RESOLUCIÓN EQUIVOCADA
El ámbito de la justicia ha sido recordado ayer con una manifestación frente al Palacio, diciendo que estaban en desacuerdo por el comportamiento servil de seis ministros de Corte reunidos en la residencia presidencial, en donde se cuecen los asuntos del Estado, a pesar de que un tribunal de apelaciones, ante la pregunta de saber quiénes frecuentan dicho lugar, afirmó, en coincidencia con el juez de primera instancia, que esas cosas no habría que preguntarle a un presidente porque esa es una residencia privada y, por lo tanto, debería ser inviolable.
Si Mburuvicha Róga no se hubiera convertido en la oficina presidencial, y el despacho se realizara en el Palacio Presidencial, podría hasta discutirse el argumento; pero sabiendo que el presidente no despacha en otro lugar que no sea su residencia, es lógico que tengamos que saber quiénes ingresan y quiénes egresan de ese sitio, de qué hablan, qué conflicto de interés podría estar ocurriendo.
El presidente de la República hace mucho no despacha desde el Palacio de López, que es en donde el argumento de la inviolabilidad del domicilio privado podría no ser de recibo; pero como lo hace desde Mburuvicha Róga, todo ciudadano tiene que saber qué es lo que realiza en nombre de la República un mandatario, en el que hemos colocado nuestros mandatos, entre otras cosas, de respetar la Ley 5282 del 2014, que habla del libre acceso a la información pública. En ese lugar donde se despachan los asuntos del Estado, es imperioso saber quiénes entran, quiénes salen, de qué hablan y por cuánto tiempo quedan.
Periodista Senior