domingo, noviembre 16

3×3 (08/08/25)

POR BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO

SALIR DE LA QUIEBRA MORAL

La afirmación del interventor de la comuna asuncena, Carlos Pereira, quien afirmó que la municipalidad es «una institución moralmente destruida», en cualquier otro país tendría que tener ribetes catastróficos.

Sin embargo, entre nosotros, pareciera que pasa a ser simplemente una raya más al tigre.
Desafortunadamente, la corrupción y la impunidad se han hecho carne en nuestro país, y no hay ninguna voluntad, de ninguna institución, capaz de castigar ejemplarmente eso que nos cuesta 2.000 millones de dólares al año y que termina afectando la poderosa estructura del poder, y que nos priva de salud, de educación, de seguridad, de inversiones públicas, porque estamos hablando de una descomunal cantidad de recursos. Esto debería ser sujeto de la gran atención de toda la clase política nacional y de todo el Paraguay.

Finalmente, la democracia es un sistema político de mandantes y mandatarios. Los primeros son los ciudadanos, los segundos son los políticos que colocamos en los cargos para que administren lo que es de nosotros, lo que aportamos de nuestros impuestos para que ellos administren circunstancialmente.

El Paraguay no puede continuar en esta senda de la corrupción y de la impunidad.
No es suficiente con que digan que la administración de Nenecho Rodríguez está moralmente destruida y que se ha robado una cantidad inmensa de recursos. El mismo debería ser sancionado de manera ejemplar, evitando en el futuro que cualquiera que quisiera realizar lo mismo ya supiera lo que le espera. Ese debe ser el camino.


DESASTRE ADMINISTRATIVO

Hay algo que no anda bien en las finanzas públicas nuestras. La acumulación de deudas de recursos que habían sido asignados para propósitos bien claros.

Si la administración pública paraguaya no le paga a la rosca vialera los más de 150 millones de dólares que se le debe, es porque algo hubo en el presupuesto que no se ha usado correctamente, y que los recursos destinados para la construcción o reparación de rutas se usaron para otros propósitos.

Y si se hizo de esa manera, es porque realmente no se administra bien aquello que se ha dado en el presupuesto para dichos propósitos. Eso se llama malversación de recursos.

El Ministro de Economía habla mucho de disciplina fiscal. De lo que debería hablar y comprometerse es a evitar el despilfarro, el malgasto y el robo de la cosa pública. Esa debe ser su gran tarea y su gran legado.
Si se le debe a la rosca vialera 150 millones de dólares y se debe a las empresas proveedoras de medicamentos más de 650 millones de dólares, uno se pregunta quién está finalmente a cargo de la administración de la cosa pública.

Tenemos un presidente que fue exministro de Hacienda, y tenemos un ministro de Economía al que le cambiaron el nombre de su cartera para satisfacer su ego y le dieron más poderes, pero no resuelve el problema.

Es evidente que la administración es un problema notoriamente grave en un país como el nuestro, en donde incluso los que debieran arreglar los problemas económicos se encargan de denunciarlos, cuando les hemos asignado la tarea de resolver los problemas.
Muy mal la administración pública paraguaya.


NADA DE TRENES NI DE TRANVÍAS

Las cuestiones que tienen que ver con el sistema ferroviario paraguayo pareciera que no se van a mover ni en el gobierno de Cartes, que había prometido que se resolvería la cuestión en menos de un año, y menos con este segundo mandato que recibió Cartes y que lo gerencia Peña.

En el proyecto de transformación del sistema de transporte no se incluye nada ni para tranvías ni trenes. Todavía no queda claro ni para los que van a ser protagonistas de la tarea de la reforma del transporte qué es lo que van a hacer.

Ayer tuvo lugar una audiencia pública y volvió a plantearse la cuestión de que no conocen muy bien de qué se trata la propuesta que el Ejecutivo, con bombos y platillos, ha presentado recientemente.

Esto pareciera que, en realidad, se ha presentado de esa manera para que nada cambie y todo continúe igual.

Los transportistas vuelven a amenazar con un paro, afirmando que no se les ha pagado el subsidio de junio, mientras sufren los que verdaderamente tendrían que estar en el centro de las soluciones: los usuarios.
600.000 de ellos tienen que padecer las humillaciones y vejaciones cotidianas porque ni transportistas ni gobierno saben lo que quieren para ese mandante olvidado que es el usuario.

Debemos recuperar el debate y la transportación masiva centrada en el usuario, a través de trenes de cercanías y de tranvías.
Tenemos mucha energía; lo que no se tiene es ingenio y compromiso.