viernes, diciembre 5

3×3 (05/12/25)

POR: BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO

TODOS COLUDIDOS
El tráfico de 90 mil kilos de marihuana del departamento de Canindeyú nos lleva a una conclusión que, lógico, tuvo que haber generado altas irritaciones en toda la estructura administrativa del Estado. El titular de la Senad, que es un exfiscal, Rachid, culpa a que la Policía no haya hecho absolutamente nada para detener dicha carga porque pasó por 11 comisarías.

En un ánimo de aplacar la crítica, el comandante Benítez relevó a 40 de ellos de cargos que tenían en esos lugares. Dicen que no les avisaron y Rachid dice que no les avisa de nada a la Policía porque estos se encargan de contarles a los narcotraficantes de lo que se trata el operativo. El de estos días se llamó Umbral.

Pero la otra gran pregunta es cómo se cosecha, primero cómo se cultiva la marihuana, cómo se procesa sin que nadie se dé cuenta de ese volumen de 90 mil kilos de marihuana. Una cantidad enorme que tendría que haber avispado los controles en la zona de Brítez Cué, en donde dicen que hay gran operatividad de este negocio y están buscando un jefe narco desde hace mucho tiempo. El extitular Luis Rojas, de la Senad, había afirmado que el 80% de sus fuerzas estaban coludidas con el crimen organizado.

Si sumamos las críticas que hizo el propio Rachid de la fiscala Moreno, que dice que no autorizó una tarea de captura a narcotraficantes, y también las denuncias que alguna vez se hicieron contra militares y contra jueces, podemos concluir que toda la estructura administrativa que debe luchar contra el crimen organizado está coludida con todos estos sectores. Son cómplices cuando deberían estar en la vereda de enfrente. Esta es una llamada de atención severa, no es suficiente con que se peleen a Rachid y Riera.

Tiene que venir el presidente de la República a ordenar todo esto, a no ser que se marche al exterior de nuevo para evitar complicaciones.

CON NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA

Una denuncia periodística bastante grave habla de que seis ministros de la Corte se reunieron en Mburuvicha Róga en estos días con el presidente Peña y el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, presidente de facto del Paraguay.

La gran pregunta es qué hicieron seis ministros de Corte reunidos con un poder al que deberían controlar y en muchos casos tendrían casos que los involucra. La segunda cuestión es qué es aquello que realmente les lleva a una urgente reunión de este tipo, y no puede ser otra que la mafia de los pagarés. Es el hecho de que varios de ellos estén, en cierta manera, coludidos con estudios jurídicos que se encargaron de trasquilar a miles de paraguayos.

Temen enfrentar un juicio político que ya ha sido peticionado por la oposición. Lo concreto y cierto es que, en total, fueron seis ministros de Corte, la mayoría de ellos de dudosos antecedentes que con esto confirman algo que ya se venía suponiendo desde hace mucho tiempo: que las órdenes de la justicia vienen desde el quincho o vienen desde el Palacio Presidencial. Más todavía ahora que otro medio ha sacado un audio del abogado de Cartes, Pedro Ovelar, en donde conversa con un supuesto miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para determinar quién va y quién no va a ocupar un espacio en dicho lugar sancionador de los miembros del Poder Judicial.

Lamentable hecho que tendría que ser aclarado. Los seis ministros deben contar a la ciudadanía qué fueron a hacer en un lugar que es absolutamente impropio para la presencia de ellos.

SOLO ES CUESTIÓN DE PORCENTAJE

Las cuestiones que tienen que ver con las licitaciones públicas son de carácter frecuentemente rodeadas de corrupción. Ahora se habla de que realmente todo está direccionado para otorgar 7 millones de dólares a través de la OEI de plata de Itaipú para la compra de libros y todo se encuentra dirigido a que un grupo sea el que se lo gane. Este mecanismo de establecer en el pliego licitatorio cuestiones que ya se sabe que solo una empresa podría completar y con un tiempo bastante reducido y corto ha llevado a que todos los gremios de libreros hayan expresado su descontento con la forma en que se llevó adelante esta nueva licitación millonaria.

Veremos qué dice la siempre displicente Dirección General de Contrataciones Públicas y qué debe hacerse para corregir de una vez esto que no solo afecta a los que venden libros sino a los que proveen medicamentos y también ganan pliegos para construir rutas o puentes. Uno de los grandes mecanismos utilizados en el país para la corrupción es a través de las licitaciones de bienes y servicios. Lo único que ya se conversa en el día de hoy en el Paraguay es el porcentaje que se paga, pero ya nadie habla de si es corrupto o no el procedimiento.