POR BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO
NEPOTISMO DE NUNCA ACABAR
Es evidente que la cuestión cultural de creerse con una disponibilidad de poder en la estructura administrativa lleva permanentemente a abusos.
Los casos de nombramientos de familiares, hurreros y amantes en cargos públicos son una práctica de larga data que ha inflado notablemente los costos de una administración pública parasitaria y corrupta.
Ya hemos tenido varios ejemplos a lo largo de nuestro periodo democrático. Se han sancionado algunas leyes, pero no se han cumplido. El caso más reciente de los sobrinos de la senadora cartista Noelia Cabrera es un buen ejemplo. Se ha dicho que la función pública tendría que ser ocupada por personas que compitan para alcanzar esos lugares. Tampoco lo han hecho.
La cuestión del «nosotros tenemos poder y podemos hacer lo que queramos» se impone sobre cualquier lógica de cambio en el país. Y por otro lado, esa vieja afirmación de «si tengo poder y no abuso de él, es como si no lo tuviera» está profundamente arraigada en quienes tienen la posibilidad de nombrar a personas que no están capacitadas ni preparadas.
El último interventor de la comuna asuncena dijo que había más de 3.000 empleados que no cumplen funciones y que no hay forma de demostrar que estén para algo. Si hiciéramos lo mismo en el Estado Central, nos asustaríamos al descubrir que, de los 330.000 empleados públicos que tenemos, es probable que solo 100.000 trabajen y que al resto habría que despedirlos.
BAJA PRODUCTIVIDAD
Las cuestiones de productividad en Paraguay se han planteado como una urgencia desde hace bastante tiempo. Una vez vino una misión internacional para analizar el tiempo de trabajo de nuestros empleados públicos en el sector sanitario, y encontraron que, de una asignación de seis horas, en realidad solo trabajaban menos de una hora.
El resto del tiempo lo perdían en cuestiones absolutamente no relacionadas con la productividad laboral.
Ahora, nuestros empleados públicos se han rebelado y no quieren trabajar ocho horas, como lo hacemos todos en el sector privado, y se van a levantar contra esa disposición porque consideran que sus «derechos», arraigados en la costumbre, deben mantenerse.
Y todo eso como si no tuviéramos ya una serie de problemas con la improductividad. Ahora el presidente de la República tendrá la posibilidad de disponer arbitrariamente tres feriados cuando quiera durante el año. Además, se incluye uno nuevo: el 20 de junio, por la jura de la nueva Constitución de 1992.
Cualquier pretexto es válido en Paraguay para no trabajar. Lo que en otros países se considera un acto deshonroso, aquí entre nosotros es una cuestión absolutamente celebrable y, consiguientemente, afecta notablemente la productividad y las condiciones económicas del país en su conjunto.
Ese mismo paraguayo que se resiste a trabajar aquí, sin embargo, realiza grandes esfuerzos cuando migra y vive en países como España, Argentina o Estados Unidos. Y prospera y progresa. Aquí, sin embargo, ni lo uno ni lo otro.
TOBILLERAS SIN USO NI CONTROL
Las cuestiones que tienen que ver con la seguridad se intentaron mejorar con las llamadas tobilleras electrónicas. Varias de ellas se compraron, pero no se usan como corresponde. Hay casos que han levantado la indignación popular, como el asesinato de una menor en Yegros, departamento de Caazapá, donde quien tenía prisión domiciliaria no contaba con la tobillera.
La otra cuestión que salta de inmediato es: ¿Quiénes controlan a los que tienen las tobilleras?, ¿Cómo se sabe que realmente se encuentran en sus casas y no han abandonado el domicilio donde cumplen su prisión domiciliaria?
Ese es otro problema que tenemos en nuestro país. Pasamos leyes, pero no tenemos capacidad de aplicarlas ni de controlar que realmente se cumplan.
Esto de las tobilleras parecía ser una solución, pero no pasará mucho tiempo antes de que tengamos un nuevo hecho escandaloso protagonizado por alguien que, pese a tener tobillera, cometa otro delito porque nadie lo controló.
Periodista Senior