Gremios de docentes, autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y representantes del Ministerio de Hacienda, finalmente no llegaron a un acuerdo en la reunión desarrollada ayer en la tarde, con el objetivo de tratar el reajuste salarial para los educadores, quienes solicitan el aumento del 16%.
De este modo, a partir de hoy iniciará nuevamente una serie de movilizaciones por parte de los docentes, como una muestra clara de rechazo hacia las medidas adoptadas por parte de las autoridades encargadas. Mientras los educadores piden el incremento del 16%, desde el Gobierno solo aseguran el aumento del 8%.
Ante la reactivación del paro nacional docente, un aproximado de 1.600.000 estudiantes serán los principales afectados, pues sus estudios se verán pausados a medida que los profesores van solucionando paulatinamente el problema acaecido.
El pedido del gremio de docentes se basa principalmente en el artículo 254 de la Ley 6.672 del Presupuesto General de la Nación (PGN). El reglamento hace referencia a que el aumento se otorgará en el último trimestre del año, de acuerdo a las siguientes condiciones: si el incremento de los ingresos tributarios es superior al 10%, el reajuste será del 8%, y si supera el 15%, la suba alcanzará el 16%.
MEDIDAS INCONCLUSAS
“De acuerdo a datos de Tributación, se ha cerrado el tercer trimestre con un ingreso del 30,4%, incluso duplicando el nivel de recaudación. Por otra parte, según el Banco Central del Paraguay, el PIB al cierre del mes de agosto tuvo un incremento del 6,2%, que llegaría al 8% al cierre anual, cuando hace tiempo no se daba un hecho de tal magnitud en el país”, argumentó el docente Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
Así, el funcionario destacó que todos estos datos certifican que solo falta voluntad política para contar con el reajuste salarial. Aparte, el reclamo consiste netamente en la solicitud de un acuerdo ya establecido: en base a la ley 1.725 se llevó el acuerdo entre los gremios de Hacienda y docentes para que el aumento se logre de manera gradual en 4 años.
Así, se llevó adelante en 2018 y 2019 con el 16%, suspendiéndose con la llegada de la pandemia. Este año debía proseguir, pero nuevamente quedó suspendido, hasta que llegó a establecerse el aumento si la recaudación de Hacienda se supera porcentualmente, cuestión que ahora no se está desarrollando.
IRRESPONSABILIDADES ACUMULADAS
“Lo que necesitamos es un Gobierno responsable que cumpla con la ley, pues ellos mismos la elaboraron y requerimos que se hagan cargo de esas estipulaciones. ¿Después cómo tendrán la calidad moral para realizar diversas exigencias a otros sectores, teniendo en cuenta que ni ellos cumplen con los docentes?”, sentenció Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-A.
Según las declaraciones del funcionario, están dadas las condiciones establecidas por Hacienda, pero se encuentran ante una situación que establece la aplicación exclusiva del 8% y no tienen ninguna justificación de por qué modifican verbalmente un articulado de la ley de presupuesto.
“Necesitamos ese aumento para caminar con cierta solidez. Hace 20 años que está vigente el salario fijo del educador y, del mismo modo, se realizan a lo largo de ese tiempo los reclamos para la mejora de sus servicios”, acotó Espínola.
En ese sentido, el gremialista remarcó que es absolutamente peligroso para una república que las autoridades, quienes indicaron una ley, luego la incumplan, cuando pregonan la formalización de las actividades económicas y financieras.
“Si ellos no cumplen, cuál es la autoridad que tendrán para exigir posteriormente el cumplimiento de los contribuyentes, nos parece un contrasentido. ¿Cuál es el inconveniente para cumplir algo que ellos mismos cumplieron?”, estableció el secretario.
Así, había dicho que si no cuentan con respuestas positivas, los docentes no tendrán otra alternativa más que la de endurecer las exigencias gremiales, hecho que se llegará a cumplir tras la falta de acuerdo presentado en la reunión desarrollada.
“Este es un Gobierno que discursivamente pone en primer lugar la educación y la salud, pero en los hechos no lo hace, pues comprobamos que se trata de un Estado contra la gente, irresponsable y mentiroso. Lastimosamente, en una nación así no se consolida absolutamente nada y con eso una República no se construye”, concluyó Espínola.
