Los médicos del sistema público de Paraguay resolvieron levantar la huelga prevista para el 21 y 22 de septiembre después de aprobar por unanimidad la propuesta del Gobierno de Santiago Peña, que contempla un reajuste salarial de G. 2 millones. El acuerdo descomprime el conflicto sanitario, pero traslada ahora su ejecución al terreno presupuestario y administrativo del Estado.
La decisión fue adoptada en una asamblea del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), después de varias semanas de movilizaciones, una huelga previa de cinco días y la presentación de centenares de renuncias de especialistas y subespecialistas. La secretaria general del gremio, Rossana González, anunció que el acta será presentada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar el levantamiento de la medida.
¿Qué aceptaron los médicos para levantar la huelga?
El punto central del entendimiento es un reajuste de G. 2 millones para los médicos del sistema público. La propuesta quedó por debajo de la demanda inicial del gremio, que había reclamado un incremento de G. 3 millones, pero permitió cerrar la negociación salarial que durante semanas mantuvo enfrentados al Ejecutivo y al sector médico.
Según los datos difundidos durante la negociación, actualmente los ingresos mínimos se ubican entre G. 5 millones y G. 5,4 millones, dependiendo de la modalidad contractual. Algunos profesionales mantienen más de un vínculo con el Estado, por lo que estos montos no representan necesariamente el ingreso total de cada médico.
El acuerdo no se limita al componente salarial. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) informó oficialmente que el entendimiento incluye también recursos para medicamentos e insumos, nuevos nombramientos y otras reivindicaciones planteadas durante el conflicto. El MTESS confirmó esos componentes al informar sobre su participación en las negociaciones.
La administración de Peña ya había incorporado una expansión significativa del financiamiento sanitario al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció previamente US$ 760 millones exclusivamente para medicamentos e insumos, unos US$ 260 millones más que en el presupuesto aprobado para 2026.
¿Cómo pasó el Gobierno del rechazo al acuerdo salarial?
El desenlace supone un cambio respecto de la posición que el Ejecutivo había sostenido al comienzo del conflicto. El 1 de septiembre, el Gobierno todavía descartaba conceder de manera inmediata el reajuste solicitado y planteaba avanzar hacia un esquema de carrera sanitaria.
Durante la primera huelga, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, había considerado financieramente inviable el planteamiento original del gremio, que equivalía a un reajuste del 76% bajo los parámetros reclamados entonces. El argumento económico era que una expansión generalizada de salarios podía comprometer recursos necesarios para otros componentes del sistema sanitario.
La negociación avanzó después de varias semanas de presión gremial y cambios en la conducción sanitaria. El 13 de septiembre, Peña designó a Isaías Fretes como ministro de Salud en reemplazo de María Teresa Barán. Fretes venía de presidir el Instituto de Previsión Social y asumió la cartera en medio del conflicto con los médicos.
Un día después, representantes del Ejecutivo y del gremio alcanzaron un entendimiento que contó con la participación de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. El acuerdo debía ser sometido posteriormente a la asamblea de Sinamed, instancia que finalmente lo aprobó y habilitó el levantamiento de la huelga.
¿Qué peso tuvieron las renuncias masivas en la negociación?
La disputa había escalado más allá de una negociación convencional de salarios. El Gobierno llegó a rechazar las renuncias de 424 especialistas y subespecialistas, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales, particularmente aquellos destinados a niños y adolescentes.
Las dimisiones aumentaron la dimensión institucional del conflicto porque involucraban áreas sensibles como anestesiología, cirugía pediátrica y neonatología. La disputa dejó así de limitarse a una discusión salarial y pasó a involucrar la capacidad operativa de hospitales públicos y la continuidad de determinados servicios.
Antes de la nueva convocatoria, los médicos ya habían realizado una huelga de cinco días entre el 24 y el 28 de agosto, acompañada por movilizaciones en distintos puntos del país. Las negociaciones de aquel periodo involucraron al Ministerio de Salud, al MEF e incluso al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien participó como mediador.
El levantamiento de la huelga prevista para septiembre reduce, por tanto, un riesgo inmediato para la prestación sanitaria. Sin embargo, el cumplimiento integral del acuerdo dependerá ahora de decisiones presupuestarias y administrativas posteriores.
¿Cómo impactará el acuerdo en el Presupuesto 2027?
El principal interrogante después del acuerdo es su financiamiento. El reajuste comenzaría a aplicarse a partir de 2027, precisamente cuando el Congreso se encuentra estudiando el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Ejecutivo.
El proyecto del PGN 2027 asciende a G. 166,3 billones, aproximadamente US$ 25.700 millones, y representa un incremento de 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026. Salud figura entre las áreas priorizadas por el Poder Ejecutivo.
Además de mayores recursos para medicamentos e insumos, el proyecto contempla la cancelación de deudas pendientes con proveedores del Ministerio de Salud. Esa combinación implica que el presupuesto sanitario deberá absorber simultáneamente obligaciones acumuladas, mayor gasto operativo y nuevas remuneraciones.
Hasta ahora, las fuentes oficiales consultadas no detallan el costo fiscal anual total del reajuste de G. 2 millones acordado con los médicos. Sin conocer la cantidad exacta de vínculos contractuales alcanzados y el mecanismo presupuestario definitivo, no resulta posible calcular de manera rigurosa cuánto deberá agregar el Estado para financiar la medida.
Ese dato será central durante el análisis del PGN en el Congreso Nacional, porque permitirá establecer si el acuerdo puede cubrirse con las asignaciones ya previstas para Salud o si requerirá modificaciones adicionales al proyecto enviado por el Ejecutivo.
¿Qué cambia para el Gobierno de Santiago Peña?
En términos políticos, el acuerdo permite al Ejecutivo cerrar uno de los conflictos laborales más relevantes que enfrentó el sistema sanitario durante 2026. La suspensión de la huelga elimina la amenaza inmediata de una nueva paralización y abre una etapa centrada en el cumplimiento de los compromisos asumidos.
También convierte el conflicto en una prueba presupuestaria. El Ejecutivo deberá compatibilizar el reajuste con otras necesidades de Salud y con los límites generales del gasto público, mientras el Congreso analiza el proyecto presupuestario del próximo ejercicio.
La discusión tendrá además un precedente para otras negociaciones salariales dentro del Estado. Durante el conflicto, autoridades económicas habían advertido sobre el efecto que excepciones remunerativas podían generar sobre demandas de otros sectores públicos. Ese riesgo fiscal formó parte de la posición inicial del MEF frente al reclamo médico.
Por eso, aunque la votación de Sinamed cierra la etapa de huelgas y negociaciones inmediatas, no termina la discusión institucional. El foco pasa ahora de las calles y hospitales al Presupuesto 2027, donde deberá quedar establecido cómo se financiará el reajuste y qué recursos acompañarán las demás reivindicaciones asumidas por el Gobierno.
¿Puede el acuerdo convertirse en una solución estructural para Salud?
El entendimiento resuelve la disputa salarial inmediata, pero el conflicto médico expuso problemas que exceden las remuneraciones. Durante las movilizaciones, los reclamos incluyeron condiciones laborales, disponibilidad de medicamentos e insumos, nombramientos y una estructura de carrera para los profesionales.
El propio acuerdo reconoce esa dimensión al incorporar compromisos adicionales al incremento salarial. Paralelamente, el Ejecutivo sostiene que el PGN 2027 ampliará los recursos destinados a medicamentos e insumos y atenderá deudas acumuladas con proveedores.
La etapa siguiente será verificable en términos concretos: incorporación efectiva del reajuste, ejecución presupuestaria, provisión de insumos y cumplimiento de los demás puntos negociados. El levantamiento de la huelga desactiva la crisis inmediata; la ejecución del PGN 2027 determinará cuánto del acuerdo se transforma efectivamente en política pública.
