El proyecto que podría cambiar para siempre el uso de drones en Paraguay: Qué establece y quiénes deberán adecuarse
El proyecto de ley propone un marco regulatorio integral para drones, redefine competencias estatales e incorpora nuevas exigencias con impacto en la seguridad, la actividad económica y la supervisión del espacio aéreo.
Diputados impulsan la primera ley integral para regular el uso de drones en Paraguay
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que establece, por primera vez, un marco jurídico integral para las Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en Paraguay. La iniciativa crea un régimen nacional de registro, identificación electrónica, fiscalización y sanciones, además de distribuir competencias entre distintas instituciones del Estado para ordenar el crecimiento de una tecnología utilizada cada vez más en sectores productivos y de seguridad.
¿Qué propone el proyecto de ley para regular los drones en Paraguay?
La propuesta legislativa busca llenar un vacío normativo existente mediante la creación de una regulación específica para el uso de drones en el territorio nacional. Actualmente, el país cuenta con disposiciones reglamentarias dispersas, pero carece de una ley que unifique criterios, responsabilidades institucionales y mecanismos de control.
Entre los principales cambios figura el registro obligatorio de las aeronaves ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), dependiendo de las características técnicas del equipo y del tipo de operación que realice.
Asimismo, el proyecto incorpora la obligación de implementar un sistema de Identificación Electrónica Remota (Remote ID), tecnología que permitirá conocer en tiempo real la ubicación y la identificación de los drones autorizados para operar.
La iniciativa fue presentada por los diputados Diego Candia, María Ida Cattebeke, Yamil Esgaib, Pedro Ortíz y Francisco Petersen.
¿Cómo se clasifican los drones y qué zonas estarán restringidas?
El texto establece una clasificación de las aeronaves según su peso y el tipo de operación, diferenciando actividades recreativas, comerciales, industriales, científicas, agrícolas, de seguridad pública y de defensa.
También incorpora una delimitación de espacios donde el vuelo estará restringido o prohibido, salvo autorización expresa de la autoridad competente.
Entre las áreas protegidas se encuentran:
- Aeropuertos
- Instalaciones militares
- Centrales eléctricas
- Establecimientos penitenciarios
- Zonas fronterizas
La delimitación de estas áreas busca reducir riesgos para la navegación aérea, proteger infraestructura crítica y fortalecer los mecanismos de seguridad nacional frente al crecimiento del uso de estas aeronaves.
¿Qué funciones tendrá cada institución del Estado?
Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en distribuir de forma expresa las responsabilidades entre los organismos públicos involucrados en la regulación del sector, evitando superposiciones institucionales.
La DINAC será responsable de la regulación técnica, el registro de aeronaves y la habilitación de operadores.
La Fuerza Aérea Paraguaya tendrá a su cargo la defensa y vigilancia del espacio aéreo nacional.
La DIGEMABEL controlará los componentes considerados de doble uso, mientras que la Policía Nacional ejercerá tareas de fiscalización en tierra cuando corresponda.
Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) coordinarán los aspectos vinculados al espectro radioeléctrico utilizado para la operación de estos sistemas.
La distribución de competencias busca generar mayor seguridad jurídica para operadores, empresas, organismos públicos y usuarios particulares.
¿Qué sanciones contempla la iniciativa y cómo será la adecuación?
El proyecto incorpora un régimen sancionatorio que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, según la naturaleza de la conducta y el riesgo generado.
Las medidas previstas incluyen:
- Multas
- Decomiso de equipos
- Suspensión de habilitaciones
- Cancelación de registros
- Remisión de antecedentes a la justicia penal, cuando existan indicios de hechos punibles.
La propuesta también fija plazos para la implementación del nuevo sistema.
El Poder Ejecutivo dispondrá de 180 días para reglamentar la futura ley, mientras que fabricantes, importadores, comerciantes y operadores tendrán 120 días para adecuarse a las nuevas exigencias una vez que la normativa entre en vigencia.
¿Por qué se impulsa ahora una regulación integral sobre drones?
En la exposición de motivos, los proyectistas sostienen que el crecimiento acelerado del uso de drones en Paraguay exige una legislación específica que permita ordenar el desarrollo de esta tecnología.
Actualmente, estas aeronaves son utilizadas en actividades de agricultura de precisión, inspección industrial, infraestructura, cartografía, investigación científica, logística, comunicación, cobertura audiovisual, monitoreo ambiental, atención de emergencias y seguridad.
El proyecto señala que esa expansión también incrementó los desafíos regulatorios relacionados con la seguridad aérea, la protección de infraestructura estratégica y la coordinación entre instituciones públicas.
Según los legisladores, el texto fue elaborado mediante una Mesa Técnica Interinstitucional que trabajó durante cuatro semanas con representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la DIGEMABEL, la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa.
Durante ese proceso se revisó el articulado en distintas etapas con el objetivo de definir claramente las competencias de cada organismo y acercar la propuesta a estándares internacionales en materia de aeronáutica, seguridad operacional y control estatal.
¿Qué impacto económico e institucional puede generar la futura ley?
La regulación integral del uso de drones podría generar un marco de mayor previsibilidad para actividades económicas que incorporan esta tecnología en sus procesos productivos.
Sectores como el agro, la industria, la energía, la logística, la infraestructura, la investigación, la inspección técnica y la gestión de emergencias dependen cada vez más del uso de aeronaves no tripuladas para mejorar eficiencia, reducir costos y optimizar operaciones.
Desde el punto de vista institucional, la definición expresa de competencias entre organismos públicos podría contribuir a disminuir conflictos regulatorios y fortalecer la coordinación del Estado en materia de control del espacio aéreo.
La iniciativa inicia ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual tratamiento en el pleno y, posteriormente, por la Cámara de Senadores.
