Por Alfredo Schramm.
El reciente escenario electoral en Brasil ha dejado una lección contundente que resuena con fuerza en Paraguay: la macroeconomía ya no es suficiente para ganar elecciones.
Durante meses, los analistas pronosticaron un camino despejado para el oficialismo brasileño, respaldado por un crecimiento económico cercano al 3%, el desempleo más bajo en quince años (5.3%), una inflación controlada y un presupuesto histórico de más de 30.000 millones de dólares destinado al emblemático programa de transferencias Bolsa Familia.
Sin embargo, las urnas dictaron una realidad muy distinta, demostrando que los números macroeconómicos no logran medir el verdadero termómetro del descontento social, subraya el analista Alberto Acosta Garbarino de DENDE.
Este fenómeno no es exclusivo de Brasil. Paraguay atraviesa una transformación sociodemográfica idéntica, donde las estructuras ciudadanas se han movido a una velocidad que la clase política parece incapaz de comprender.
El paso de la pirámide al rombo social
Históricamente, las sociedades de la región se estructuraban como una pirámide: una base ancha de pobreza extrema y una cúspide estrecha de altos ingresos. Bajo ese viejo paradigma, las estrategias electorales y de gobierno se limitaban a la asistencia social directa y a la entrega de subsidios para la subsistencia.
Hoy, la realidad urbana se ha transformado en un rombo. El crecimiento económico de las últimas dos décadas impulsó a millones de ciudadanos fuera de la pobreza extrema, expandiendo una nueva clase media trabajadora que hoy reside en las periferias de las grandes ciudades. El problema radica en que, aunque sus ingresos económicos hayan mejorado formalmente, sus condiciones de vida siguen atrapadas en la precariedad.
La desconexión de los gobernantes actuales radica en seguir celebrando el éxito de su gestión a través de variables abstractas, mientras la ciudadanía evalúa su bienestar en el día a día. Cuando una familia logra salir de la pobreza monetaria, sus expectativas mutan. Ya no busca un bono de subsistencia; demanda servicios públicos de calidad que el Estado no le está proveyendo.
