Las funcionarias que denunciaron a la senadora Zenaida Delgado por presuntos cobros indebidos rechazaron un acuerdo de mediación que, según afirmaron, incluía la eliminación de conversaciones de WhatsApp, restricciones para hablar con medios de comunicación y el compromiso de no presentar querellas contra la legisladora. Lidia González, una de las denunciantes, sostuvo que el documento fue promovido en el marco de conversaciones con representantes legales vinculados a la defensa de Delgado.
¿Qué exigía el acuerdo propuesto a las funcionarias denunciantes?
La controversia surgió cuando las funcionarias Lidia González, Leonarda Vera y Lorena Gauto, quienes denunciaron presuntos cobros de dinero vinculados con sus cargos en el Congreso Nacional, decidieron no firmar un acuerdo de no agresión que estaba siendo negociado con representantes legales de la senadora Zenaida Delgado.
Según explicó González en declaraciones a Radio Monumental 1080 AM, inicialmente existía disposición para considerar un entendimiento que permitiera detener las declaraciones públicas y la difusión de conversaciones privadas relacionadas con el caso.
Sin embargo, las negociaciones se interrumpieron cuando, según su testimonio, se incorporó una exigencia relacionada con la entrega de los teléfonos celulares para eliminar mensajes de WhatsApp.
«Primero ellos quisieron que nosotros entreguemos el celular para que se puedan borrar todas las conversaciones de WhatsApp. Y que ella iba a mandar su técnico para que se puedan borrar todos los mensajes», manifestó González.
La funcionaria afirmó que esa condición motivó su rechazo definitivo al documento. También sostuvo que sus dos compañeras denunciantes adoptaron la misma postura.
El contenido completo del supuesto acuerdo no fue difundido oficialmente, por lo que las condiciones mencionadas corresponden al relato de la denunciante y deberán ser contrastadas con el documento original.
¿Por qué las funcionarias se negaron a entregar sus celulares?
La principal preocupación expresada por Lidia González fue la posibilidad de perder conversaciones que considera relevantes para demostrar los presuntos cobros indebidos denunciados contra la legisladora.
Según su relato, el acuerdo contemplaba que los dispositivos fueran entregados para que una persona designada por la senadora eliminara los mensajes relacionados con el caso.
Las conversaciones de WhatsApp constituyen uno de los elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir las comunicaciones entre las denunciantes y las personas señaladas en la investigación.
En ese contexto, la eliminación de mensajes podría afectar la disponibilidad de información que eventualmente deba ser examinada por el Ministerio Público. No obstante, determinar si existió un intento de obstaculizar la investigación requiere establecer el contenido exacto de la propuesta, las circunstancias en las que fue formulada y la eventual intervención de sus responsables.
González aseguró que no está dispuesta a entregar sus dispositivos para que se borren conversaciones, pero sí manifestó su voluntad de ponerlos a disposición de la Fiscalía.
«Mejor ponerse a disposición de la Fiscalía y que la Fiscalía saque sus propias conclusiones», expresó.
La diferencia resulta relevante desde el punto de vista procesal: una entrega voluntaria de dispositivos a las autoridades competentes permite que su contenido sea examinado mediante procedimientos de obtención y preservación de evidencia digital.
¿Qué restricciones incluía el acuerdo respecto de las acciones judiciales?
Además de la eliminación de conversaciones, Lidia González sostuvo que el documento contemplaba restricciones para presentar una querella contra Zenaida Delgado y para realizar declaraciones públicas sobre las denuncias.
Estas condiciones habrían formado parte de un denominado acuerdo de no transgresión, impulsado durante las conversaciones de mediación vinculadas con el caso.
La funcionaria señaló que inicialmente recibió explicaciones de la abogada Arizelis Judit Memmel, identificada como asociada independiente al estudio jurídico del abogado Óscar Tuma, representante legal de la senadora.
Sin embargo, después de consultar con otros profesionales del derecho, decidió abandonar la negociación y dar por terminada la relación con la representante legal que intervenía en las conversaciones.
«No, por ningún motivo vamos a firmar», afirmó González al explicar su decisión.
Desde el punto de vista jurídico, un acuerdo privado no puede impedir que el Ministerio Público investigue hechos que eventualmente constituyan delitos de acción penal pública. La posibilidad de limitar determinadas actuaciones entre particulares debe analizarse conforme a la legislación aplicable y no equivale a extinguir automáticamente una investigación penal.
Por tanto, las cláusulas mencionadas por la denunciante requieren un examen específico para determinar su alcance y eventual validez jurídica.
¿Qué montos forman parte de las denuncias contra Zenaida Delgado?
Las denuncias contra la senadora Zenaida Delgado, quien ingresó al Congreso por Cruzada Nacional y posteriormente se incorporó a Honor Colorado, incluyen presuntas exigencias económicas relacionadas con bonificaciones salariales y nombramientos de funcionarias.
Lidia González afirmó que desde 2023 hasta julio de 2026 se realizaron transferencias a tres cuentas diferentes y se aplicaron descuentos sobre sus bonificaciones. Según su testimonio, los montos entregados durante ese período rondarían los G. 50 millones.
La denunciante también sostuvo que se le habría exigido un pago de G. 150 millones relacionado con su nombramiento. Aclaró que decidió hacer pública la situación cuando se produjo esa exigencia y negó que su denuncia respondiera a una destitución.
Estas afirmaciones forman parte de los hechos que deberán ser examinados por el Ministerio Público, mediante documentación bancaria, registros administrativos, testimonios y otros elementos probatorios.
La investigación deberá establecer si existieron exigencias económicas indebidas, quiénes participaron en los movimientos de dinero y qué relación tenían esas operaciones con los cargos ocupados por las funcionarias.
¿Qué ocurrió con la denuncia sobre el supuesto borrado de mensajes de otra funcionaria?
González también relató un episodio que involucraría a Mirtha Jara, otra funcionaria vinculada con el despacho de la senadora.
Según su versión, Jara habría sido convocada al subsuelo del Congreso Nacional por Fátima Delgado, hermana de la legisladora. Allí, presuntamente, le habrían retirado el teléfono celular y eliminado mensajes antes de devolvérselo.
Esta denuncia introduce un segundo señalamiento relacionado con la posible eliminación de comunicaciones privadas, aunque no existe información suficiente para considerar acreditado el episodio ni para establecer responsabilidades.
La Fiscalía deberá determinar si corresponde incorporar este testimonio a las diligencias y si existen elementos independientes que permitan verificar lo relatado.
¿Qué sucederá con la investigación fiscal y la pérdida de investidura?
La investigación penal continúa en el Ministerio Público, mientras la Cámara de Senadores mantiene abierto el procedimiento para analizar la eventual pérdida de investidura de Zenaida Delgado.
Las tres funcionarias fueron convocadas a declarar ante la Fiscalía. La diligencia prevista inicialmente no se realizó debido a una justificación presentada por su entonces representante legal, quien tenía una audiencia de juicio oral coincidente. La nueva convocatoria quedó fijada para el martes 3 de noviembre.
González manifestó que está dispuesta a entregar su teléfono celular a los investigadores y colaborar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Paralelamente, el abogado Óscar Tuma, representante legal de Delgado, sostuvo que el acuerdo buscaba evitar la exposición pública de asuntos privados y no detener las investigaciones penales o parlamentarias. También afirmó que el documento no suponía una renuncia a las acciones judiciales. Esta interpretación contrasta con las condiciones denunciadas por González.
La defensa de la legisladora también confirmó que Delgado no tiene previsto renunciar voluntariamente a su banca y que afrontará el procedimiento de pérdida de investidura.
El tratamiento parlamentario está previsto para el 3 de noviembre, fecha en la que el Senado deberá examinar las acusaciones y los argumentos de defensa dentro del procedimiento correspondiente.
¿Cómo afecta el rechazo del acuerdo a la situación institucional de Zenaida Delgado?
La negativa de las denunciantes a firmar el documento mantiene abierta la controversia sobre los presuntos cobros y añade interrogantes acerca de las condiciones propuestas durante la negociación privada.
Según las informaciones difundidas, la senadora habría firmado el documento, pero las tres denunciantes no lo suscribieron, por lo que no se concretó un acuerdo entre todas las partes.
La controversia también obliga a distinguir entre un acuerdo destinado a proteger aspectos de la vida privada y cualquier intento de restringir el acceso de las autoridades a información potencialmente relevante para una investigación penal.
El caso tiene implicaciones sobre la transparencia en la administración de recursos públicos, las condiciones laborales de los funcionarios parlamentarios y los mecanismos de control de la conducta de los legisladores.
El próximo 3 de noviembre coincidirán dos instancias relevantes: la nueva convocatoria fiscal de las denunciantes y el tratamiento previsto en el Senado sobre la pérdida de investidura.
Mientras tanto, la investigación deberá establecer la autenticidad y el alcance de las comunicaciones difundidas, verificar las transferencias económicas denunciadas y determinar si existieron conductas penalmente relevantes.
La continuidad del proceso judicial y parlamentario permitirá establecer las responsabilidades que correspondan, sin que las denuncias o el rechazo de una conciliación privada constituyan por sí mismos una declaración de culpabilidad.
