La entrega de Jorge Brítez reactiva una investigación por presunto daño patrimonial al IPS y profundiza el escrutinio institucional judicial.
El ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, se presentó este jueves ante la Justicia luego de ser imputado por el presunto hecho punible de lesión de confianza dentro de la investigación sobre las adendas del contrato para los quirófanos modulares del Hospital Central. La causa investiga un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones y alcanza también a otros ex altos funcionarios de la previsional.
¿Por qué fue imputado Jorge Brítez?
Brítez acudió a los tribunales durante las primeras horas de este jueves para ponerse a disposición de la Justicia, luego de que el fiscal Julio Ortiz solicitara su detención en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato N.° 6/2020.
La investigación se centra en la contratación de la empresa Neightpart S.A., adjudicada para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares en el séptimo piso del Bloque Quirúrgico Central del Hospital Central del IPS, un proyecto impulsado durante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.
Según la imputación, el contrato inicial ascendía a G. 53.000 millones, de los cuales la previsional desembolsó un anticipo equivalente al 20%, es decir, G. 10.600 millones.
¿Qué irregularidades investiga la Fiscalía?
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que, pese a que la empresa adjudicada no habría cumplido con las obligaciones contractuales, las autoridades continuaron firmando adendas que modificaban el contrato en lugar de iniciar un proceso de rescisión.
Los investigadores sostienen que estas modificaciones contractuales se realizaron de forma sucesiva y sin lograr que los quirófanos fueran finalmente instalados.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los equipos permanecieron almacenados durante años en depósitos del IPS, hasta que varios de sus componentes perdieron vigencia sin haber entrado en funcionamiento.
El supuesto perjuicio económico calculado por la Fiscalía asciende a G. 61.000 millones, cifra que constituye uno de los ejes centrales de la imputación por lesión de confianza.
¿Qué respondió la defensa del ex titular del IPS?
El abogado José Fernández Zacur, representante legal de Jorge Brítez, sostuvo que su cliente desconoce los hechos específicos que la Fiscalía le atribuye y afirmó que no participó del proceso de contratación cuestionado.
En declaraciones brindadas a NPY, el defensor cuestionó el contenido de la imputación y señaló que el documento no explica con precisión cuál habría sido la conducta atribuida al ex presidente de la previsional.
Según el abogado, la imputación menciona la existencia de diversas adendas, pero no desarrolla el contenido de cada una ni establece el vínculo concreto entre esas modificaciones y el supuesto daño patrimonial investigado.
La defensa también sostiene que el Ministerio Público no individualiza qué parte del perjuicio económico correspondería eventualmente a Brítez.
¿Qué otros ex funcionarios están siendo investigados?
La causa también involucra al ex presidente del IPS, Vicente Bataglia, quien actualmente se encuentra en Italia, según informaron sus representantes legales.
Los abogados señalaron que el médico viajó para participar de un curso de especialización relacionado con el área de la medicina.
Por otra parte, la ex funcionaria Rosa Concepción Colmán, también imputada dentro del mismo expediente, ya obtuvo medidas alternativas a la prisión por resolución del juez Rodrigo Estigarribia, quien igualmente debía analizar este jueves la situación procesal de Brítez durante la audiencia de imposición de medidas.
Debido a que el ex titular del IPS ya cumplió 70 años, la aplicación de una eventual prisión preventiva se encuentra limitada por el artículo 238 del Código Procesal Penal, que establece restricciones para imponer esa medida cautelar a personas de esa edad.
¿Qué implica este proceso para la gestión del IPS?
La investigación vuelve a colocar bajo análisis uno de los contratos más cuestionados celebrados durante la pandemia dentro del Instituto de Previsión Social, una institución que administra recursos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
El avance de la causa mantiene el foco sobre los mecanismos de contratación pública, el control de las modificaciones contractuales mediante adendas y la responsabilidad administrativa de las máximas autoridades en proyectos financiados con recursos públicos.
Además del eventual desenlace judicial para los imputados, el expediente constituye un nuevo caso de referencia sobre los desafíos de transparencia, control del gasto público y rendición de cuentas en una de las instituciones más importantes del sistema de seguridad social paraguayo.
Periodista Senior