El déficit fiscal de la Administración Central llegó a G. 4,714 billones, unos US$ 736,3 millones, al cierre de julio, equivalente al 1,2% del PIB. El dato surge del Situfin del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y muestra una brecha creciente entre ingresos y egresos: mientras los ingresos aumentaron 1,2%, el gasto avanzó 9,7%.
¿Qué muestran realmente las cuentas fiscales hasta julio?
La primera diferencia que debe hacerse es entre el déficit acumulado durante los primeros siete meses y el resultado anualizado. El primero llegó a 1,2% del PIB, con G. 4,714 billones de saldo negativo. El segundo, que toma los últimos doce meses, alcanzó G. 10,4 billones, equivalentes al 2,6% del PIB. Son indicadores diferentes y no representan dos cálculos del mismo período.
El dato acumulado permite observar cómo evolucionaron las cuentas durante 2026, mientras que el anualizado muestra qué tamaño tendría el desequilibrio si se considera la dinámica de los últimos doce meses. En julio, este último resultado quedó levemente por encima del nivel registrado un año antes, de acuerdo con el MEF. El resultado primario, que excluye los intereses de la deuda pública, también fue deficitario y llegó al 1% del PIB.
La principal señal de presión está en el ritmo de crecimiento. Los ingresos totales avanzaron apenas 1,2%, mientras el gasto aumentó 9,7%. Es decir, las erogaciones crecieron aproximadamente ocho veces más rápido que los recursos acumulados por el Estado.
Esta diferencia no significa que todo el aumento del gasto corresponda a gastos discrecionales. Parte responde a obligaciones que el Estado debe atender, como remuneraciones, jubilaciones, programas sociales, medicamentos e inversión. El problema fiscal aparece en la relación entre ambas velocidades: si los ingresos no acompañan el crecimiento de las obligaciones, el Tesoro necesita recurrir a otras fuentes de financiamiento o ajustar la ejecución.
¿Por qué los ingresos fiscales avanzan tan lentamente?
La recaudación tributaria registró un crecimiento de 2,3%, pero el comportamiento fue muy diferente según el origen de los recursos. Los impuestos internos aumentaron 11,2%, mientras los tributos vinculados al comercio exterior cayeron 12,2%.
A esto se sumó una reducción de 2,7% en los ingresos no tributarios. Dentro de este grupo, los recursos provenientes de las entidades binacionales disminuyeron 23,7%, mientras las donaciones retrocedieron 12,5%. El propio MEF señala que la apreciación del guaraní también afectó la evolución, expresada en moneda local, de los ingresos provenientes de las binacionales.
Este punto tiene una implicancia que va más allá del resultado mensual. Una parte de los ingresos públicos paraguayos depende de fuentes que no se comportan igual que la recaudación tributaria. Cuando disminuyen los recursos de las binacionales o el tipo de cambio reduce su equivalente en guaraníes, el Estado queda con menos margen para acompañar aumentos de gasto mediante ingresos corrientes.
El problema tampoco es que la economía no esté generando actividad. El Banco Central del Paraguay elevó recientemente su proyección de crecimiento económico para 2026 al 4,5%, según datos recogidos por ABC Color. La divergencia entre crecimiento económico y crecimiento de los ingresos fiscales muestra que una economía que crece no necesariamente se traduce, en el corto plazo, en una expansión equivalente de los recursos disponibles para el Estado.
¿En qué se está concentrando el aumento del gasto?
El crecimiento del gasto tiene una composición relevante para entender la discusión fiscal. Según el Situfin, el gasto en salud aumentó 14,4%, en educación 13,1%, en programas sociales 10,1% y en seguridad 14,1%. Cerca del 80% de las remuneraciones se concentró en Educación, Salud y Fuerzas Públicas.
Los medicamentos registraron uno de los aumentos más importantes, con una expansión de 21,5% frente al mismo período de 2025. El MEF atribuye el resultado tanto a las necesidades corrientes del ejercicio como al pago de obligaciones pendientes con proveedores. Esto significa que parte del aumento del gasto no responde únicamente a nuevas erogaciones, sino también a la regularización de compromisos acumulados.
Las prestaciones sociales crecieron todavía más, 15,6%. Dentro de ellas, las jubilaciones y pensiones aumentaron 9,7%, la pensión para Adultos Mayores 14,1% y las transferencias destinadas a alimentación escolar mediante Hambre Cero crecieron 105,5%.
Ese comportamiento muestra una tensión fiscal concreta: varias de las partidas que están creciendo son compromisos de carácter social o salarial, por lo que reducirlas no equivale simplemente a recortar una obra o postergar una compra. Su expansión puede generar mayor rigidez presupuestaria y limitar el margen de maniobra del Ejecutivo durante el resto del ejercicio.
¿Cuánto pesa la inversión pública en el déficit?
La inversión pública alcanzó G. 3,841 billones, unos US$ 612,8 millones, hasta julio, equivalente al 1% del PIB y con un crecimiento acumulado de 12,3%. El principal impulso provino del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya inversión aumentó 38,9%.
El incremento está vinculado, según el MEF, con la regularización de obligaciones pendientes con empresas contratistas. Esto introduce otra dimensión en el análisis fiscal: parte de la ejecución de 2026 refleja no solo nuevos proyectos, sino también la necesidad de ordenar compromisos previamente asumidos por el Estado.
La inversión tiene además un tratamiento diferente al gasto corriente desde el punto de vista económico. Una carretera, un hospital o una infraestructura pública pueden generar capacidad productiva futura, mientras que remuneraciones, transferencias y prestaciones constituyen compromisos recurrentes. Por eso, el dato de que la inversión aumente 12,3% no puede interpretarse automáticamente como una señal negativa.
El desafío está en mantener inversión sin que su financiamiento termine desplazando otras prioridades o aumentando la presión sobre el déficit. En junio, el propio debate fiscal ya estaba condicionado por las obligaciones pendientes con contratistas y proveedores, y el MEF había reconocido que la regularización de esos compromisos tendría que combinar herramientas de gestión financiera y priorización del gasto.
¿Qué diferencia hay entre el déficit de 1,2% y el de 2,6% del PIB?
La diferencia responde al período utilizado. El 1,2% corresponde al déficit acumulado de enero a julio de 2026. El 2,6% corresponde al déficit anualizado, es decir, al resultado de los últimos doce meses. Por eso, no existe una contradicción matemática entre ambos porcentajes.
La segunda cifra merece especial atención porque permite observar la distancia respecto del marco fiscal que Paraguay intenta recuperar. La Ley N.º 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal establece que el déficit anual de la Administración Central no debe superar el 1,5% del PIB. El Presupuesto General de la Nación 2026 fue aprobado bajo ese límite.
Por tanto, el 2,6% anualizado no significa que Paraguay haya incumplido automáticamente la meta anual de 2026. El ejercicio todavía no terminó y el indicador anualizado no equivale al resultado fiscal que se registrará al 31 de diciembre. Pero sí señala que la trayectoria de los últimos doce meses todavía se encuentra por encima del techo que el Gobierno se propuso recuperar este año.
El contexto es relevante porque el Ejecutivo había presentado el PGN 2026 como el retorno al límite de 1,5% del PIB después de varios años por encima de ese nivel. La capacidad de sostener esa trayectoria dependerá de cómo evolucionen los ingresos durante el segundo semestre y de cuánto gasto adicional deba ejecutarse para cumplir obligaciones ya asumidas.
¿Qué agrega a la presión fiscal el déficit de la Caja Fiscal?
La situación de la Caja Fiscal constituye otro foco de presión sobre las cuentas públicas. A julio, el sistema acumuló un déficit de aproximadamente G. 1,4 billones, equivalentes a US$ 249,4 millones, según los datos del MEF difundidos esta semana. Los docentes, policías y militares concentran los mayores desequilibrios.
El problema no comenzó en 2026. Al cierre de 2025, la Caja Fiscal había registrado un déficit de US$ 380 millones, equivalente a 0,8% del PIB, según el propio MEF. La institución advirtió entonces que ese desequilibrio es financiado con recursos tributarios generales.
En marzo de 2026 fue aprobada la Ley N.º 7633/2026, que modificó el régimen de jubilaciones y pensiones del sector público. Entre otros cambios, estableció nuevas condiciones de edad y cálculo de beneficios para sectores incluidos en el sistema. Sin embargo, los datos del primer semestre mostraban que el desequilibrio todavía no había desaparecido: a junio, el déficit acumulado había alcanzado G. 1,31 billones.
Esto conecta la discusión previsional con la fiscal. Una reforma puede modificar las reglas futuras del sistema, pero no elimina inmediatamente el déficit generado por los compromisos vigentes. Mientras los aportes no cubran las prestaciones, la diferencia continúa requiriendo financiamiento público.
¿Qué significa esto para la política fiscal de Paraguay?
Las cifras de julio muestran que el problema fiscal no está concentrado en una sola partida. La presión surge de la combinación entre ingresos que crecen lentamente, mayores obligaciones sociales, regularización de compromisos con proveedores y contratistas, inversión pública y un sistema previsional que continúa generando déficit.
Para el Gobierno, la dificultad está en administrar esa combinación mientras mantiene la trayectoria de convergencia fiscal. El PGN 2026 fue construido con un límite de déficit de 1,5% del PIB, mientras que el resultado anualizado de julio se encuentra en 2,6%. La distancia no determina el resultado de diciembre, pero sí muestra el esfuerzo que todavía requiere la ejecución del segundo semestre.
También existe una dimensión de confianza. La disciplina fiscal influye sobre la percepción de riesgo, el costo de financiamiento del Estado y el margen para responder a nuevas necesidades presupuestarias. Paraguay viene buscando consolidar una trayectoria de reducción del déficit y mejorar su posición financiera, por lo que la capacidad de cerrar el año dentro del marco previsto será seguida tanto por inversores como por organismos internacionales.
El dato central de julio, entonces, no es únicamente que el Estado acumuló US$ 736,3 millones de déficit. Es que los ingresos crecieron 1,2% mientras el gasto lo hizo 9,7%, en un momento en que el país intenta volver al límite fiscal de 1,5% del PIB. La evolución de esa brecha durante los próximos cinco meses será la que determine cuánto de la recuperación fiscal comprometida queda pendiente.
