La Cámara de Diputados debatirá una iniciativa que busca redistribuir personal de Copaco y reabre el debate sobre concursos públicos y gestión estatal.
Diputados debatirán proyecto para trasladar funcionarios de Copaco en medio del proceso de saneamiento de la estatal
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar este martes un proyecto de ley que autoriza la transferencia laboral excepcional de funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) hacia otras instituciones públicas. La propuesta surge mientras la empresa estatal desarrolla un plan de saneamiento financiero y reducción de personal, aunque el mecanismo plantea interrogantes sobre el respeto a los concursos públicos y la administración del empleo estatal.
¿Qué propone el proyecto de transferencia laboral para funcionarios de Copaco?
La iniciativa fue presentada en diciembre del año pasado por el diputado José Rodríguez y figura en el punto 15 del orden del día de la sesión de la Cámara Baja.
El proyecto plantea habilitar un mecanismo excepcional para que funcionarios de Copaco puedan incorporarse a otras entidades estatales, bajo el argumento de que numerosas instituciones requieren personal con experiencia técnica y conocimiento especializado. Según el legislador impulsor, la movilidad permitiría aprovechar recursos humanos ya capacitados y, al mismo tiempo, aliviar la estructura operativa de la empresa pública.
Sin embargo, el planteamiento ha generado reparos debido a que la legislación vigente establece mecanismos de ingreso a la función pública mediante concursos, dependiendo del régimen jurídico de cada institución.
¿Por qué el proyecto genera cuestionamientos dentro del Congreso?
El primer obstáculo para la iniciativa surgió en la Comisión de Legislación, que emitió un dictamen por el rechazo del proyecto. Mientras tanto, otras comisiones asesoras aún no concluyeron el análisis correspondiente.
Uno de los principales cuestionamientos radica en la posibilidad de que el traslado excepcional termine desvirtuando los procesos de selección por mérito establecidos para diversas instituciones públicas. El debate gira en torno a si una transferencia directa podría generar diferencias frente a quienes acceden mediante concursos públicos.
Este aspecto también adquiere relevancia desde la perspectiva de la gestión del talento humano, ya que existen entidades con regímenes laborales distintos, escalas salariales diferentes y obligaciones previsionales que no necesariamente coinciden con las de una empresa pública como Copaco.
¿Cuál es la posición de la administración de Copaco?
La presidenta de Copaco, Natalia Borgonon, reconoció que la iniciativa podría representar una herramienta para disminuir la presión que ejerce la masa salarial sobre las finanzas de la empresa.
Actualmente, la estatal destina alrededor de G. 12.000 millones mensuales al pago de remuneraciones, una carga significativa para una empresa que continúa atravesando un proceso de reestructuración financiera.
No obstante, Borgonon advirtió que cualquier mecanismo de movilidad debe estar cuidadosamente regulado para evitar distorsiones dentro de la función pública.
La titular de Copaco señaló que no todas las instituciones poseen los mismos sistemas de ingreso, ni realizan aportes bajo el mismo esquema previsional, por lo que trasladar funcionarios sin criterios claros podría generar conflictos administrativos y legales.
En ese sentido, sostuvo que la propuesta no debe convertirse en una «puerta giratoria» que permita utilizar a la empresa estatal como vía de acceso indirecto a otros organismos públicos.
¿Cómo avanza el plan de saneamiento financiero de Copaco?
La discusión legislativa coincide con un proceso de reorganización impulsado por la actual administración de la empresa.
Según Borgonon, Copaco redujo su plantilla de aproximadamente 3.000 a 2.500 funcionarios, principalmente mediante programas de retiro voluntario.
Pese a ello, la empresa estima que, bajo su esquema operativo actual, solo requeriría alrededor de 1.500 trabajadores, lo que evidencia que aún mantiene un importante excedente de personal.
Los recursos destinados a financiar las desvinculaciones provienen de la venta de un inmueble ubicado en Puerto Botánico al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) por aproximadamente G. 87.000 millones, aunque el desembolso se realiza en etapas.
La administración también informó que logró normalizar el pago de salarios, luego de que desde julio de 2022 los haberes dejaran de abonarse en fecha.
¿Qué revelan las cifras sobre la situación financiera de Copaco?
Las finanzas de la empresa muestran señales de estabilización, aunque continúan reflejando importantes desafíos estructurales.
Actualmente, Copaco registra ingresos mensuales cercanos a G. 24.000 millones, de los cuales aproximadamente G. 20.000 millones ingresan efectivamente a caja, mientras que el resto corresponde a cuentas por cobrar.
La administración sostiene además que consiguió detener la caída anual de ingresos, que venía registrándose en torno al 20%.
En materia de pasivos, la empresa mantiene deudas por aproximadamente G. 813.000 millones, distribuidas de la siguiente manera:
- G. 518.000 millones en obligaciones comerciales.
- G. 282.000 millones con el Instituto de Previsión Social (IPS).
A pesar del elevado nivel de endeudamiento, Copaco informó que posee un patrimonio neto positivo de G. 561.000 millones, además de un patrimonio inmobiliario superior a 600 inmuebles, mientras continúa recuperando fondos provenientes de cuentas que anteriormente permanecían embargadas.
¿Qué está en juego para la gestión de las empresas públicas?
Más allá de la discusión puntual sobre el traslado de funcionarios, el proyecto reabre un debate más amplio sobre la sostenibilidad de las empresas públicas y la modernización de la administración del Estado.
La eventual aprobación de la iniciativa podría convertirse en un precedente para futuros procesos de reorganización dentro de otras entidades estatales con exceso de personal o dificultades financieras. Sin embargo, especialistas y legisladores también advierten que cualquier mecanismo extraordinario deberá compatibilizarse con los principios de igualdad de acceso a la función pública, seguridad jurídica y transparencia administrativa.
El tratamiento previsto en la Cámara de Diputados no solo definirá el futuro inmediato de cientos de funcionarios de Copaco, sino que también marcará un precedente sobre cómo el Estado paraguayo afrontará los procesos de reestructuración institucional sin comprometer los mecanismos de selección y profesionalización del servicio público.
Periodista Senior