Por: Alfredo Schramm
La disputa por el decanato de la Facultad de Derecho de la UNA expone una lucha por el control institucional, con cuestionamientos sobre candidaturas, alianzas y la influencia de actores externos.
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) llega a los comicios del 20 de agosto de 2026 en medio de una disputa que excede la elección de sus próximas autoridades. La carrera por el decanato y vicedecanato está atravesada por impugnaciones, cuestionamientos sobre la independencia institucional y una fuerte puja entre sectores con vínculos dentro del ámbito político y judicial.
El proceso definirá las autoridades que conducirán la facultad durante el período 2026-2031, en una institución cuyo Consejo Directivo tiene un peso determinante en las decisiones académicas y administrativas. La actual composición del órgano ya refleja una disputa de bloques que viene arrastrándose desde las elecciones docentes de 2025, cuando el sector denominado Docentes por la Excelencia obtuvo cinco de los seis lugares docentes en disputa.
Un Consejo Directivo que llega dividido
La composición del Consejo Directivo constituye uno de los elementos centrales para entender la importancia de la elección. La facultad ya atravesó en 2025 una fuerte disputa entre el movimiento vinculado a Jorge Bogarín Alfonso y sectores que buscaban equilibrar su influencia dentro de la institución.
En aquella elección, cinco de los seis representantes docentes quedaron en manos de Docentes por la Excelencia. Entre ellos fueron electos los ministros de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia, además de otros representantes del sector académico. La jueza Karen González Orrego, esposa de Bogarín, fue la única candidata de ese sector que obtuvo un escaño docente.
El resultado produjo un escenario de equilibrio dentro del Consejo Directivo. ABC había señalado que el órgano quedó dividido en bloques de similar peso y que el decano, Carlos Gustavo González Morel, podía tener un papel decisivo en caso de empate.
La elección del nuevo decano, por tanto, no representa solamente un cambio de autoridades. También puede modificar el equilibrio interno de una de las facultades más influyentes de la principal universidad pública del país.
Tres nombres para una disputa de alto peso
Para el decanato aparecen, según el escenario planteado para estos comicios, tres figuras con perfiles diferentes: el actual decano Carlos Gustavo González Morel, quien busca continuar al frente de la institución; el exministro de la Corte Suprema de Justicia Bonifacio Ríos Ávalos; y Marco Aurelio González Maldonado, actual miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
La presencia de figuras con trayectoria en instituciones públicas eleva el peso político de una elección que formalmente corresponde al ámbito universitario. El Consejo Directivo de Derecho UNA reúne representantes docentes, estudiantiles y no docentes, y sus decisiones tienen impacto directo sobre la conducción de la facultad.
La propia página institucional de la Facultad de Derecho UNA identifica actualmente a Carlos Gustavo González Morel como decano y a Marco Aurelio González Maldonado como vicedecano, además de incluir a Bonifacio Ríos Ávalos entre los representantes docentes titulares del Consejo Directivo.
El escenario convierte la elección en una disputa particularmente cerrada, en la que cada respaldo dentro del órgano elector puede adquirir relevancia. Las versiones sobre negociaciones, acuerdos y supuestos ofrecimientos económicos circulan entre los distintos sectores, aunque las referencias a montos específicos por voto no cuentan, hasta el momento, con respaldo documental suficiente para ser presentadas como hechos comprobados.
El caso de Marco Aurelio vuelve al centro
Uno de los principales puntos de tensión gira nuevamente alrededor de Marco Aurelio González Maldonado. Su situación ya había generado cuestionamientos cuando fue designado vicedecano de Derecho UNA mientras ocupaba cargos de relevancia dentro del Estado.
En 2025, docentes promovieron acciones para cuestionar su designación como vicedecano. Entre los argumentos expuestos públicamente se plantearon posibles incompatibilidades y cuestionamientos al procedimiento mediante el cual fue elegido. Un tribunal electoral rechazó entonces una medida cautelar contra su nombramiento, aunque la controversia de fondo continuó siendo objeto de discusión.
La situación cobró mayor relevancia por la sucesión de cargos públicos ocupados por González. ABC reportó en 2025 cuestionamientos sobre la compatibilidad entre su función como procurador general y el vicedecanato, mientras posteriormente pasó a integrar el Directorio del BCP.
En el actual proceso electoral, esos antecedentes vuelven a aparecer como argumento de quienes cuestionan su candidatura. La discusión jurídica gira alrededor de si las funciones que desempeña fuera de la universidad resultan compatibles con las obligaciones y requisitos establecidos para ejercer el cargo académico.
La frontera entre universidad y poder público
La presencia de funcionarios judiciales y actores con trayectoria política dentro de las listas constituye otro de los elementos que alimentan el debate sobre la autonomía universitaria.
Entre los nombres vinculados al Consejo Directivo aparece Manuel Dejesús Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial confirma actualmente su integración como uno de los nueve ministros de la máxima instancia judicial.
La participación de magistrados en la vida académica no es, por sí misma, irregular. De hecho, la Constitución permite a los magistrados ejercer docencia o investigación científica a tiempo parcial. El debate aparece cuando esos vínculos se trasladan desde la actividad académica hacia disputas electorales internas y alianzas que puedan comprometer la percepción de independencia de la institución.
Ese punto es especialmente sensible en Derecho UNA porque la facultad forma a buena parte de los profesionales que posteriormente ocuparán cargos en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, JEM, Congreso y administración pública.
El factor Jorge Bogarín
La influencia de Jorge Bogarín Alfonso constituye otro de los antecedentes que atraviesan la disputa. El Gobierno de Estados Unidos lo designó como “significativamente corrupto”, una calificación que el propio ABC ha utilizado al informar sobre su actividad dentro de la Facultad de Derecho.
Bogarín mantiene presencia en el ámbito universitario a través de sectores que participaron en anteriores elecciones de la facultad. En los comicios docentes de 2025, su movimiento sufrió una derrota importante al quedarse con solo uno de los seis escaños docentes en disputa.
Sin embargo, aquella derrota no eliminó la disputa por el control institucional. Los resultados dejaron un Consejo Directivo equilibrado y trasladaron la competencia hacia otros espacios de decisión, entre ellos la elección de las máximas autoridades.
La batalla actual puede interpretarse, por tanto, como una nueva etapa de una disputa que comenzó a hacerse visible con mayor fuerza durante las elecciones internas de 2025.
Las reuniones que generan dudas
Otro de los elementos que alimenta la controversia son las reuniones entre candidatos, miembros del Tribunal Electoral Independiente y figuras vinculadas al sistema de justicia.
El problema no radica necesariamente en la existencia de reuniones entre actores universitarios y autoridades públicas, sino en la percepción que pueden generar cuando ocurren durante un proceso electoral en el que algunos de los participantes tienen intereses directos o indirectos.
La independencia del Tribunal Electoral Independiente (TEI) resulta especialmente relevante en este punto. Este órgano es el encargado de administrar el proceso electoral, resolver las impugnaciones y garantizar que las candidaturas y la votación se desarrollen conforme al reglamento.
En una elección tan cerrada, cualquier cuestionamiento sobre la imparcialidad del árbitro electoral puede adquirir una dimensión mayor que en una disputa con diferencias amplias.
Una elección con antecedentes recientes
Derecho UNA no llega a esta elección desde cero. La facultad atravesó durante los últimos años distintos conflictos relacionados con su conducción, elecciones internas y cuestionamientos sobre la influencia de actores externos.
En 2025, incluso se produjeron acciones judiciales vinculadas a candidaturas y a la integración del Consejo Directivo. Una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia Electoral impidió que una candidata vinculada al movimiento de Bogarín asumiera un lugar en el Consejo Directivo, en medio de cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos electorales.
La disputa también alcanzó al propio decanato. En octubre de 2025, el Rectorado de la UNA solicitó un informe al entonces decano Carlos González Morel tras denuncias de supuestas irregularidades, en un contexto posterior a la derrota electoral del movimiento de Bogarín en el estamento docente.
Estos antecedentes explican por qué el proceso actual genera un nivel de atención superior al de una elección académica convencional.
El desafío de preservar la autonomía
La autonomía universitaria no significa aislamiento frente a la sociedad ni impide que profesionales del derecho, magistrados o funcionarios desarrollen actividades académicas. El problema institucional aparece cuando la conducción de una facultad queda sometida a intereses externos o cuando las disputas políticas terminan desplazando el debate académico.
Derecho UNA tiene además una responsabilidad particular por su posición dentro del sistema educativo y jurídico paraguayo. De sus aulas egresan profesionales que posteriormente pueden ocupar cargos en tribunales, fiscalías, organismos públicos, empresas privadas y órganos de decisión política.
Por ello, la legitimidad de quienes conduzcan la institución durante el período 2026-2031 no dependerá únicamente del resultado numérico de la elección. También estará relacionada con la transparencia del proceso, la aceptación de las resoluciones del TEI y la capacidad de las nuevas autoridades para administrar una comunidad académica que llega profundamente dividida.
El voto que puede redefinir el equilibrio
La elección del 20 de agosto se presenta así como una disputa de pocos votos dentro de un órgano con una composición especialmente sensible. La competencia entre Carlos González Morel, Bonifacio Ríos Ávalos y Marco Aurelio González concentra trayectorias y alianzas diferentes, mientras la carrera por el vicedecanato suma nombres vinculados al Poder Judicial y al ámbito académico.
La verdadera dimensión de la elección, sin embargo, estará en lo que ocurra después del escrutinio. Si el nuevo gobierno universitario surge de un Consejo Directivo fragmentado, deberá administrar una institución donde los bloques ya demostraron capacidad para disputar espacios de poder.
Para la UNA, el desafío será que el proceso electoral pueda sostenerse sobre reglas verificables y decisiones institucionales transparentes. Para Derecho, será además una oportunidad de demostrar que la disputa por su conducción puede resolverse dentro de los mecanismos universitarios y sin que las sospechas de influencia política o económica terminen definiendo la legitimidad de sus autoridades.
Porque en una Facultad de Derecho, donde se forman buena parte de los futuros operadores del sistema de justicia, la forma en que se obtiene el poder institucional también forma parte del mensaje académico que la propia institución transmite.
Periodista Senior