El Tribunal de Sentencia condenó este martes a cinco personas por distintos delitos vinculados al crimen de María Fernanda, una adolescente cuyo asesinato conmocionó al país. Las penas van de tres a diez años de prisión por instigación, venta de medicamentos abortivos, simulación de hecho punible, exposición al peligro terrestre y omisión de denuncia, mientras el proceso contra el presunto autor material continúa en la jurisdicción penal adolescente.
La resolución marca un nuevo capítulo en uno de los casos de mayor impacto judicial del año, aunque la reacción de la familia de la víctima dejó en evidencia su disconformidad con las condenas impuestas por el tribunal.
¿Quiénes fueron condenados y qué penas recibieron?
La sentencia alcanzó a cinco acusados con diferentes niveles de responsabilidad penal dentro de la investigación.
Las condenas fueron las siguientes:
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Mikaella Rolón: 10 años de prisión por instigar al principal sospechoso a cometer el crimen.
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Franco Acosta: 5 años de prisión por la venta de medicamentos abortivos.
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Armando Silva: 4 años y 6 meses de prisión por simulación de hecho punible y exposición al peligro terrestre.
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Karen Villar: 4 años y 6 meses de prisión por los mismos delitos.
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Ricardo Villamayor: 3 años de prisión por no formalizar la denuncia ante las autoridades.
El Tribunal consideró probadas las conductas atribuidas a cada uno dentro de la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
¿Por qué la familia de María Fernanda rechazó la sentencia?
Tras conocerse el fallo, los padres de María Fernanda expresaron públicamente que las penas resultan insuficientes frente a la gravedad del crimen.
Nilda Martínez, madre de la víctima, afirmó que esperaba un castigo mayor para los condenados. Resaltó que no está conforme con la condena y que esperaba cadena perpetua.
Su padre, Leonardo Benítez, también cuestionó la decisión judicial. Manifestó que estas personas acabaron con dos vidas y que las condenas son una burla.
Las declaraciones reflejan el reclamo de la familia por penas más severas para quienes, según sostienen, participaron o colaboraron en distintos momentos del caso.
¿Qué ocurrió con el presunto autor del feminicidio?
El principal sospechoso, identificado como B.S., tenía 17 años al momento del crimen. Debido a esa condición, su proceso penal se desarrolla de manera separada bajo el Régimen Penal de la Adolescencia.
La causa abierta en su contra incluye los hechos investigados como feminicidio y tentativa de aborto, por lo que su eventual responsabilidad será definida en un procedimiento distinto al de los demás acusados.
La legislación paraguaya establece un tratamiento diferenciado para personas menores de edad imputadas por hechos punibles, incluso cuando se trata de delitos de extrema gravedad.
¿Qué impacto institucional deja este fallo?
La sentencia cierra la etapa del juicio oral para los acusados adultos, pero el caso María Fernanda aún mantiene frentes judiciales abiertos. El proceso contra el presunto autor material continuará en la justicia especializada para adolescentes, mientras las partes conservan la posibilidad de recurrir la decisión del Tribunal mediante los mecanismos previstos en el Código Procesal Penal.
El caso seguirá bajo seguimiento por su impacto en el sistema de justicia y por el debate que generó sobre las responsabilidades penales de quienes participaron, encubrieron o no denunciaron los hechos investigados.
