El asalto expone desafíos de custodia, seguridad institucional y trazabilidad sobre mercaderías incautadas por la DNIT y atacadas por segunda vez en Paraguay.
Una carga de teléfonos celulares de alta gama, productos para adelgazar y otros electrónicos, valuada en aproximadamente US$ 3 millones, fue atacada durante un asalto armado en un depósito utilizado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en Mariano Roque Alonso. El cargamento ya había sido objetivo de un intento de robo anterior, mientras el nuevo golpe dejó un policía herido y abrió una investigación sin detenidos.
¿Cómo fue ejecutado el asalto al depósito utilizado por la DNIT?
El ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves en el parque de depósitos GICAL, utilizado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en Mariano Roque Alonso. Un grupo armado irrumpió en el complejo y se apoderó de mercaderías previamente incautadas por la institución.
Las primeras estimaciones sobre la cantidad de atacantes presentan diferencias según la fuente. El subjefe de la comisaría local, Juan Servián, habló de aproximadamente 10 personas, mientras que el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, situó el número en alrededor de 15 hombres armados. La diferencia refleja el carácter preliminar de la investigación y obliga a mantener la cifra bajo atribución.
Durante el asalto, un agente de la Policía Nacional recibió un impacto de bala en el abdomen. La directora del Hospital de Policía, Luz Céspedes, informó que el uniformado se encontraba estable y fuera de peligro, sin órganos dañados según las evaluaciones iniciales.
¿Qué contenía la carga valuada en US$ 3 millones?
El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, estimó en aproximadamente US$ 3 millones el valor de la mercadería afectada por el asalto. Según explicó, el cargamento incluía teléfonos celulares de alta gama, productos para adelgazar y otros electrónicos.
Los primeros reportes policiales también identificaron entre los bienes sustraídos medicamentos de tirzepatida, un producto de alto valor comercial. La composición de la carga convierte al caso en un episodio especialmente sensible por la combinación de artículos tecnológicos y productos con elevada demanda en el mercado.
La cifra de US$ 3 millones debe entenderse como una estimación comunicada por el titular de la DNIT, no como un monto resultante de un inventario final divulgado públicamente. El recuento de los productos recuperados permanecía pendiente tras el abandono de parte de la mercadería durante la persecución.
¿Por qué la misma mercadería ya había sido atacada anteriormente?
Uno de los principales elementos del caso es que el cargamento ya había sido objetivo de un intento de robo. Óscar Orué confirmó que se trataba de la misma carga que había sido atacada anteriormente mientras era trasladada.
La mercadería había sido incautada por la DNIT en un procedimiento realizado en Yataití del Norte. Según los antecedentes difundidos, un camión transportador fue atacado la semana anterior sobre la ruta PY08, en el departamento de San Pedro, aunque aquel intento no logró concretar la sustracción.
La reiteración de ataques sobre una misma carga introduce una dimensión adicional para la investigación. Más allá de la autoría material, las autoridades deberán reconstruir cómo fue identificado nuevamente el cargamento y qué información permitió ubicarlo después de su traslado al parque de depósitos GICAL.
¿Qué información manejaban los atacantes sobre el cargamento?
Hasta el momento, las publicaciones disponibles no confirman oficialmente una filtración interna ni la participación de funcionarios en el asalto. Por esa razón, cualquier hipótesis sobre complicidad desde dentro del Estado debe permanecer condicionada al avance de la investigación.
Sin embargo, el antecedente de dos ataques contra la misma mercadería plantea interrogantes sobre el nivel de conocimiento previo de los responsables. El cargamento fue primero atacado durante su transporte y posteriormente localizado en el sitio donde permanecía depositado.
La investigación deberá determinar cómo se produjo esa secuencia, quiénes conocían los movimientos de la carga y si los atacantes realizaron tareas propias de seguimiento e inteligencia criminal. La diferencia es institucionalmente relevante: una operación basada en vigilancia externa no tiene las mismas implicancias que una eventual filtración de información sensible, hipótesis que hasta ahora no fue confirmada.
¿Por qué la DNIT ordenó un sumario tras el asalto?
El caso adquirió mayor sensibilidad cuando Óscar Orué confirmó que ordenó la apertura de un sumario. El titular de la DNIT explicó que existían productos que no habían sido despachados y sostuvo que, para la institución, la situación de contrabando era clara.
Orué reconoció además dos posibles explicaciones para el ataque: un intento de robo de mercaderías de alto valor o una maniobra orientada a hacer desaparecer evidencias. Ambas posibilidades permanecen como hipótesis y deberán ser esclarecidas por las investigaciones correspondientes.
La eventual desaparición de evidencias tendría consecuencias distintas a las de un asalto patrimonial convencional. Si las mercaderías estaban vinculadas a un procedimiento por presunto contrabando, su integridad podía resultar relevante para actuaciones administrativas o investigaciones posteriores. El sumario deberá establecer qué ocurrió dentro del circuito institucional y si existieron fallas en los procedimientos aplicados.
¿Cuánta mercadería logró recuperar la Policía Nacional?
Tras el asalto se produjo una persecución y los responsables abandonaron tres vehículos con parte de la mercadería, según informó Óscar Orué. El dato sobre los tres rodados también fue mencionado por el comisario José Santacruz, jefe de seguridad de Central, aunque este aclaró inicialmente que la información era preliminar.
El titular de la DNIT afirmó que la mayoría de los productos fue recuperada. No obstante, señaló que debía realizarse un recuento de todos los bienes, mientras la Policía de Criminalística quedó a cargo de verificar las cajas abandonadas.
La distinción es importante: la recuperación mayoritaria fue comunicada por Orué, pero el inventario definitivo aún debía completarse. Hasta el reporte disponible, no había detenidos y la investigación continuaba abierta.
¿Qué revela el caso sobre la custodia de mercaderías incautadas?
La DNIT cumple funciones centrales en la administración tributaria y aduanera del país. Dentro de ese esquema, la protección de bienes incautados forma parte de una cadena operativa que debe garantizar trazabilidad, documentación y preservación de mercaderías vinculadas a procedimientos de control.
El hecho de que una carga estimada en US$ 3 millones haya sido objetivo de dos ataques sucesivos obliga a revisar la respuesta de seguridad aplicada después del primer intento. El propio Óscar Orué reconoció la gravedad del nivel de inseguridad y señaló que el episodio obliga a reforzar las medidas institucionales.
La investigación deberá determinar si los protocolos existentes eran suficientes, qué medidas se adoptaron después del primer ataque y cómo se protegió posteriormente la carga. Estas preguntas no implican por sí mismas responsabilidad de funcionarios, pero forman parte del examen necesario sobre la capacidad estatal para resguardar bienes previamente incautados.
¿Qué impacto puede tener el caso sobre la lucha contra el contrabando?
La lucha contra el contrabando no termina con la incautación de mercaderías. El Estado también debe asegurar su identificación, almacenamiento, trazabilidad y disponibilidad dentro de los procedimientos administrativos o judiciales que correspondan.
Una vulnerabilidad en esa cadena puede afectar la credibilidad de los controles y aumentar los costos institucionales de la persecución de economías ilícitas. En este caso, la propia DNIT vinculó la mercadería con una situación que consideraba claramente asociada al contrabando y abrió un sumario para examinar lo ocurrido.
Para el sector privado formal, el problema también tiene una dimensión económica. Los circuitos de contrabando generan competencia irregular frente a empresas que cumplen obligaciones tributarias, aduaneras y regulatorias. Por ello, la capacidad estatal para incautar y posteriormente proteger mercaderías forma parte del funcionamiento efectivo del sistema de control.
¿Cómo afecta este episodio a la seguridad institucional?
El asalto expone un desafío que trasciende el valor económico del cargamento. Un grupo armado logró atacar un sitio donde se encontraba una mercadería de alto valor, hirió a un agente policial y escapó sin que, hasta el reporte disponible, se registraran detenidos.
La secuencia también adquiere relevancia porque el mismo cargamento ya había sido atacado anteriormente. Desde la perspectiva de gobernabilidad, el caso obliga a evaluar la capacidad de coordinación entre organismos responsables del control, traslado, almacenamiento y seguridad de bienes incautados.
En materia de clima de inversión, la relación debe formularse con cautela. Un episodio aislado no permite establecer por sí solo un deterioro de la inversión en Paraguay. Sin embargo, la eficacia institucional frente al contrabando, el crimen organizado y la inseguridad forma parte del entorno de riesgo que observan empresas, organismos de cooperación y actores internacionales.
¿Qué debe explicar ahora la DNIT sobre una carga atacada dos veces?
La investigación deberá identificar a los responsables del asalto y reconstruir la logística utilizada para ejecutar el golpe. Paralelamente, el sumario ordenado por Óscar Orué deberá examinar la situación de los productos no despachados y las circunstancias administrativas vinculadas al cargamento.
La DNIT, la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen ahora el desafío de esclarecer por qué una mercadería previamente atacada volvió a convertirse en objetivo, qué mecanismos permitieron ubicarla y si la seguridad aplicada después del primer episodio resultó suficiente.
El dato central permanece abierto: una carga estimada en US$ 3 millones, incautada previamente en Yataití del Norte, fue atacada nuevamente después de un intento anterior sobre la ruta PY08. Determinar si esa reiteración respondió a seguimiento criminal, conocimiento previo de la logística o algún otro mecanismo será clave para medir el verdadero alcance institucional del caso.
Periodista Senior