El Ministerio de Trabajo registró varias denuncias por incumplimiento laboral en el Grupo Kress- Frutika como; despidos injustificados, cobros de haberes devengados, reposiciones laborales, etc.
En total 11 denuncias recibió el Ministerio de Trabajo de parte de exempleados del grupo empresarial manejado por Cristina Kress, quien había realizado masivos despidos injustificados de gerentes, jefes y asistentes de la firma.
Además, existen otras demandas laborales ya derivadas a instancia judicial, incluso una denuncia penal por coacción y maltrato de parte supuestamente de Cristina Kress, actual gerente del aglomerado de agronegocios en Paraguay, quien a través de maniobras judiciales mantiene a su madre, principal accionista, alejada de la empresa.
La causa N° 8940/2022 por coacción contra Cristina Kress se encuentra en la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Zonal de María Auxiliadora, Itapúa, a cargo del fiscal Luis Alberto Albertini.
Según denuncias originales que obran en comisaria, varios empleados y exempleados sufrían frecuentes amedrentamientos, además de supuestos correos de amenazas de despidos a funcionarios que no cumplían con arbitrarias directivas de la gerente, Cristina Kress.
Los conflictos en Frutika se acentuaron cuando la socia mayoritaria, Beate Kress se enteró de irregularidades e incluso supuestos envíos de cargas contaminadas de ilícitos a una firma fantasma en Bélgica, situación que le obligó a intervenir, pero fue apartada con sospechosos recursos judiciales.
De acuerdo con Beate Kress, se realizaron maniobras judiciales atropellando la autonomía de la sociedad, las que le impiden tomar decisiones en sus empresas, donde ella es propietaria del 92% de las acciones. Incluso ante las irregularidades surgidas y como socia mayoritaria, Beate Kress solicitó a la SENAD la intervención de sus propias empresas, hoy administradas por la hija, Cristina Kress.
El abogado Duarte Cacavelos, en representación de Cristina Kress querelló al periodista Alfredo Guachiré, acusándolo falsamente por supuestamente decir «que la querellante y empresa son parte de un esquema de crimen organizado y tráfico internacional de drogas», afirmaciones que el periodista nunca dijo ni escribió.
Cabe recordar que actualmente existe una causa en la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público a cargo del fiscal Diego Arzamendia sobre el caso Frutika y el envío de cargas supuestamente contaminadas de ilícitos a empresa fantasma belga.
Claramente la querella de Cristina Kress es solo un hostigamiento judicial, ya que carece de argumentos, además es un atropello a la libertad de expresión y de prensa.
Lamentablemente, en vez de que la gerente aclare las irregularidades presentadas en las empresas del Grupo Kress, Cristina Kress embarra la situación, hostiga a periodistas, mientras castiga a trabajadores con persecución laboral y represalias.
