La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que este 2022 ha estado marcado por un «clima general de inseguridad» en Paraguay, que considera se ha visto agravado «por la connivencia del aparato estatal con las mafias del narcotráfico», según un informe aprobado este domingo en su 78 Asamblea General.
En el informe sobre la situación de la libertad de prensa, el organismo se refirió, entre otros, a los asesinatos del periodista Humberto Coronel y del alcalde José Carlos Acevedo, ambos en la localidad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, y del fiscal antimafia Marcelo Pecci, víctima de un atentado en una isla colombiana.
Coronel, quien cubría temas de corrupción y crimen organizado, fue asesinado en septiembre pasado cuando salía de la emisora Radio Amambay 570 AM, propiedad de la familia de José Carlos Acevedo, quien, según la SIP, fue asesinado en mayo «en represalia por su confrontación pública con el crimen organizado».
El informe alerta que datos del Observatorio sobre Violencia contra Periodistas dan cuenta del asesinato de 20 periodistas en los últimos 30 años en Paraguay desde que fue ultimado, en 1991, el comunicador Santiago Leguizamón, también en Pedro Juan Caballero.
La SIP mencionó también la muerte en mayo pasado, a manos de sicarios en Colombia, de Pecci, fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Crimen Organizado, como «un hecho que conmocionó al país».
«Los vínculos del narcotráfico y sus ramificaciones con los poderes del Estado e importantes sectores de la clase política, por delitos sobre lavado de dinero y contrabando, parecen respaldados en este periodo por indicios de corrupción en el aparato estatal que salieron a la luz por investigaciones y pedidos de informes a la Cámara de Senadores sobre el expresidente Horacio Cartes y al Banco Central del Paraguay», agregó el documento.
Alude igualmente a la decisión de EE.UU. de incluir en su lista de corruptos al expresidente Cartes (2013-2018) y al vicepresidente del país, Hugo Velázquez.
En un repaso por las causas que han afectado a periodistas, la SIP detalló que en julio pasado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la inocencia del periodista Édgar Chilavert en un caso por abuso sexual en niños.
Ese mismo mes, una jueza de Sentencia declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del periodista Carlos Giménez, del diario La Nación, en una querella por difamación, calumnia e injuria.
También en julio la Tercera Sala del Tribunal de Apelación Penal ratificó la condena a un año y nueve meses de pena privativa de libertad en suspenso dictada en enero pasado contra el periodista Marcos Velázquez.
En agosto, el Ministerio Público dio a conocer la imputación por los hechos punibles de acoso sexual, coacción sexual y coacción al periodista Carlos Granada -contra quien pesa una orden de detención-, tras «denuncias masivas» de trabajadoras de los canales del Grupo Albavisión (SNT y C9N).
En septiembre, un juez absolvió al periodista Juan Carlos Lezcano y a la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, en una denuncia por difamación.
Finalmente, la SIP reveló que el primer medio nativo digital del país, El Nacional, fundado en agosto de 2020, denunció «discriminación en la distribución de la publicidad oficial».
Fuente: EFE
