La Secretaría de la Función Pública (SFP), emitió un dictamen recomendando a Carolina Aranda, intendente de municipalidad de Mariano Roque Alonso (MRA) a que cumpla con el pago total del aporte jubilatorio de su afiliada Margarita Silva en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal.
Para entender el caso hay que explicar el contexto. La comuna de MRA, mandó a jubilación a varios funcionarios en los últimos meses. Una de las que denunció una jubilación irregular fue Margarita Silva, quien poseía 27 años de antigüedad en la comuna. La misma fue desvinculada vía resolución 229/2022 el pasado 17 de marzo.
La comuna decidió dar por concluidos sus servicios pasándola a retiro basados en el artículo 43 de la ley 122/93 «Que unifica y actualiza las leyes 740/78 y 1226/86, relativas al régimen de jubilaciones y pensiones del personal municipal». En otras palabras, la funcionaria fue desvinculada automáticamente al pasar a jubilación. Sin embargo, la misma Caja de Jubilaciones anunció que no puede aceptar la resolución municipal ya que estas solicitudes deben realizarse de forma unipersonal por el mismo funcionario o funcionaria.
Esta situación la sufrieron más de cinco funcionarios, pero solo dos decidieron reclamar, entre ellos Silva y otro funcionario de nombre Gregorio Barreto.
La irregularidad no acaba aquí, la funcionaria denuncia que sus aportes en la Caja de Jubilaciones solo rondan los G. 18 millones, cuando en realidad, debido a su antigüedad de 27 años, sus aportes debían ser de alrededor de G. 100 millones. En otras palabras, existe dinero que desapareció simplemente. Cabe destacar que la Municipalidad de MRA, adeuda G. 14 mil millones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal.
“Yo no tengo jubilación, no tengo salario, fuimos desvinculados. Ella (por Aranda) hizo un fraude, utilizando la ley de la Caja de Jubilación para desvincularnos no usando la Ley Orgánica Municipal que es la que corresponde”, lamentó.
Debido a esta situación, Silva perdió su antigüedad y tampoco puede cobrar su jubilación ya que el procedimiento fue realizado de forma ilegal por las autoridades comunales. “Si ellos jubilarnos, tienen que pagar todo lo que adeudan a la Caja. O si quieren desvincularnos, tienen que pagarnos la indemnización por los años trabajados. Por lo que no tenemos derecho a ninguno ni a lo otro”, concluyó.
